Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 17 de enero de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS DE HAITI
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA
Colaborador Invitado / Comida chatarra, otra adicción
El secretario de Educación puede seguir los designios de las empresas de alimentos chatarra o privilegiar la salud de la infancia.
Colaborador Invitado
(17 enero 2010).- Alejandro Calvillo Unna
Director de El Poder del Consumidor, A.C. Miembro del Consejo Consultivo del Consumo de Profeco, de la Red por los Derechos de la Infancia en México y de Consumers International.
Si algo tienen en común los alimentos y bebidas que predominan en las escuelas, a los que atinadamente hemos dado en llamar en todo el mundo "comida chatarra", es su alto contenido en azúcar, grasas y sal.
No es casualidad que estos alimentos coincidan en contener grandes concentraciones de estos elementos o la combinación de dos o tres de ellos. La respuesta a por qué este tipo de alimentos, los menos recomendables, son los que más se publicitan a los niños y con los que se llenan las cooperativas escolares está en su carácter adictivo. La adicción a ciertos alimentos que pueden representar un daño para la salud puede ser controlada por la voluntad de un adulto pero no por un niño, "ellos simplemente obedecen a sus deseos o ansiedad por consumir tal producto densamente energético disfrazado de sabor".
David A. Kessler, quien fue comisionado de la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA) en las administraciones de George Bush y Bill Clinton, realizó una compilación de investigaciones que confirman que estos alimentos y bebidas generan adicciones similares a drogas fuertes.
Una de las primeras evidencias que Kessler aborda en su libro The end of Overeating, publicado en 2009, es que el consumo de azúcar, grasas y sal nos hace comer más azúcar, grasas y sal. Nos da una respuesta a cuando nos preguntamos por qué no podemos dejar de beber ese refresco o comer esas frituras.
Cuando ingerimos alimentos o bebidas ricos en azúcar, grasa y sal estimulamos nuestras neuronas que son parte del sistema circuito opioide, que es el sistema primario del placer en el cuerpo. "Los opioides, también conocidos como endorfinas, son químicos producidos por el cerebro que tienen efectos de recompensa muy similares a drogas tales como la morfina y la heroína".
Si consumimos alimentos altos en azúcares, grasas y sal tenemos un aumento de endorfinas que momentáneamente nos relajan y hacen sentir bien. Pero esta estimulación nos hace querer consumir más y más del alimento o bebida que la generó. Al contrario, si consumimos alimentos balanceados y naturales tenemos un equilibrio que nos permite tener una dieta diversificada y decidir cuándo estamos satisfechos. Sin embargo, al exponer nuestro sentido del gusto a alimentos altos en azúcares, grasas y sal se rompe ese balance y exigimos más y más.
La industria procesadora de alimentos sabe perfectamente esto desde hace años y ha descubierto que al añadir sal a algún alimento rico en azúcar y grasa se puede añadir más azúcar sin que se detecte un sabor demasiado dulce; sin embargo, los receptores neurológicos sí lo perciben y, por lo tanto, hay mucha mayor aceptación. Los humanos podemos consumir más del doble de nuestros requerimientos calóricos al tener disponibles alimentos altos en azúcar, grasa y sal.
Un consultor de alimentos, que le pidió a Kessler mantenerse en el anonimato, le reveló que la industria reconoce que los alimentos altos en azúcares, grasas y sal se consumen más y que ellos utilizan tales ingredientes en las mayores cantidades posibles precisamente para hacer que la gente coma más. A esta combinación ellos le llaman los tres puntos del compás. Y qué mejor para generar una adicción en los consumidores que atraparlos desde niños.
Entre las decenas de estudios que cita el ex comisionado de la FDA, está el de Sara Ward de la Universidad de Carolina. Ward comprobó que los animales de laboratorio estaban dispuestos a trabajar bastante para poder ingerir azúcar o grasa, pero el esfuerzo de los animales aumentó al doble cuando lo que se ofrecía era la combinación de azúcar con grasa. El esfuerzo era similar a cuando se les ofrecía cocaína.
Hasta ahora las autoridades de la SEP han declarado que no hay que prohibir la venta de comida chatarra en las escuelas, sino sólo educar, recomendar y promover la entrada de alimentos saludables para que convivan con los alimentos que ya se venden en las cooperativas. Lo anterior bajo el argumento de que hay que educar a los niños a realizar libremente buenas elecciones. Estas declaraciones siguen los designios de las empresas procesadoras de alimentos, que saben muy bien que si los niños tienen la opción entre alimentos saludables y otros adictivos, se irán por los segundos. Han diseñado sus alimentos para ello.
En estos días vendrá una resolución de la SEP sobre los alimentos en las escuelas, ya veremos qué designios sigue Alonso Lujambio, si los de las empresas o los de la salud de los niños mexicanos, que ocupan en este momento el primer lugar en sobrepeso y obesidad.
Cómo convertirse en potencia
Ensayo Devenir y dilemas de un gigante. No hay una sola receta; el despegue brasileño es fruto de múltiples factores y políticas públicas correctas que se tomaron desde hace más de una década
Hernán Gómez Bruera
(17 enero 2010).- La elección de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos en 2016 despertó una ola de euforia en México y el mundo. Ensimismada en sus pequeños universos, nuestra clase política de pronto descubrió que Brasil nos había aventajado en más de un rubro. Así, hoy todos quieren saber cuál es la "clave del éxito" de ese país. Como si existiera una sola y sencilla explicación, un atajo o un camino fácil al desarrollo, se ensayan diversos argumentos -muchas veces antagónicos-, para explicar las conquistas de una nación que algunos ven instalada ya en la órbita del primer mundo. ¿Qué llevó al gigante del sur a aparecer en la posición que hoy disfruta?
Avances y logros
En septiembre de 2008 la crisis sorprendió a Brasil con un crecimiento del 6.8 por ciento de su Producto Interno Bruto. Cuando Europa y Estados Unidos se dirigían irremediablemente a la recesión, un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos publicado a principios de 2009 señalaba que éste sería el único país capaz de salvarse de una fuerte desaceleración. Los pronósticos se cumplieron: el año pasado Brasil sólo registró una caída moderada en su PIB, con lo que no entró oficialmente en recesión. En un documento publicado en octubre, el Fondo Monetario Internacional calculaba que al cierre del año la tasa de crecimiento acumulada de Brasil se situaría en -0.6 por ciento, cuando otros países registrarían caídas significativamente mayores; para México, por ejemplo, se pronosticaba un decrecimiento del -7.24 por ciento. Brasil sigue siendo una de las economías que más crecen en el mundo occidental y, para el futuro cercano, las previsiones son entusiastas: según el propio FMI, si persiste la tendencia actual podría ser la quinta economía del mundo en el 2014.
Por la dimensión de su territorio, población, riquezas naturales y tamaño de su economía, Brasil siempre ha sorprendido con sus números. Incluso, aparece entre sus vecinos como uno de los primeros en casi todo. Ningún otro país tiene tantas reservas de agua y tierra sin explorar y no son muchas las naciones que están hoy en la posición de satisfacer la creciente demanda de commodities de los mercados asiáticos, especialmente de China.
Brasil es líder mundial en producción de soya, café, jugo de naranja, maíz, caña de azúcar, celulosa y madera; es también un gran generador de biocombustibles -etanol y biodiesel- y se perfila, a partir de recientes hallazgos de crudo en aguas profundas -el llamado Presal- como el sexto país petrolero del planeta con un potencial de producción para 2020 de 5 millones de barriles diarios.
Naturalmente, el crecimiento de las economías asiáticas, el dramático incremento en los precios de los alimentos y el hallazgo de ingentes cantidades de petróleo cuando los tradicionales productores comienzan a mostrar señales de agotamiento, ha colocado al país en una situación de privilegio. Pero no todo es regalo de la naturaleza ni resultado de una coyuntura económica favorable.
En Brasil abundan los alimentos, sí, pero no sería un gran exportador de éstos si no hubiera desarrollado una agricultura moderna y mecanizada con significativas subvenciones estatales. La nación ha sido agraciada al encontrar petróleo de calidad, sí, pero muy probablemente los hallazgos no se hubieran producido si durante los últimos siete años Petrobras no hubiera triplicado los recursos que destinaba a investigación y desarrollo, con un decidido esfuerzo en exploración de nuevos yacimientos.
Brasil tiene también una industria dinámica y al menos 40 grandes empresas que compiten en los mercados mundiales. Capitales mayoritariamente brasileños controlan, por ejemplo, la compañía Vale, una de las cuatro mineras más grandes del mundo que está presente en cinco continentes; el Grupo Gerdau, la segunda siderúrgica en Estados Unidos; Embraer, la tercera fábrica de aviones a nivel mundial (la cual ensambla aviones en Estados Unidos y recientemente en la Manchuria China); JBS-Friboi, líder mundial en venta de frigoríficos o Sabó, una empresa de autopartes presente en 30 países. Petrobras, la más conocida, trabaja en 27 países y ha aparecido recientemente como la tercera mayor empresa en Estados Unidos de acuerdo con su valor total en el mercado.
Los éxitos de Brasil tienen que ver con una compleja combinación de factores donde incide la capacidad de osar e inventar, de sortear algunas imposiciones ortodoxas con políticas heterodoxas y de insertarse en la globalización con astucia y habilidad. En el escenario internacional, Brasil escapa de la lógica de aquellos que creen que se puede adquirir grandeza por contigüidad.
En el mundo del futbol se sabe que Brasil es un equipo que toma precauciones, mira al rival y trabaja sobre sus debilidades. Sucede que en materia de futbol Brasil es tan grande que, aun jugando como equipo chico, logra imponerse.
En sus éxitos y en sus fracasos, mucho ha tenido que ver la existencia de un Estado fuerte que ha podido serlo porque es fiscalmente fuerte. Con una carga impositiva del 36 por ciento del PIB (en Estados Unidos es del 28 y en México del 12 sin contar el petróleo), Brasil es el país que más recauda impuestos en América Latina. En un número especial dedicado a Brasil en noviembre pasado, The Economist señala que los brasileños tienden a preferir un Estado fuerte y ven el libre mercado con cierta desconfianza, razón por la cual todavía tienen una economía relativamente cerrada.
Una historia particular
Entre 1930 y 1980 Brasil fue uno de los países que más creció a nivel mundial: su PIB se expandió en un promedio de 6 por ciento; es decir, tanto como Taiwan, casi un punto más que México y tres veces más que Estados Unidos.
Tres ciclos "modernizadores" impulsaron la industrialización de Brasil. El primero de ellos, durante la era de Getúlio Vargas, cuando se creó Petrobras y el Banco Nacional de Desarrollo Económico (más tarde Banco de Desarrollo de Brasil, BNDES).
El segundo, durante el gobierno de Juscelino Kubitschek, empeñado en que el país avanzara "50 años en cinco". El país creció 7 por ciento tan sólo entre 1956 y 1960 y vio la construcción de una nueva capital -Brasilia- que generó un polo de desarrollo en una región que carecía de dinamismo económico.
Bajo el yugo de la última dictadura militar (1964-1984) se dio una de las más importantes fases de industrialización. Brasil, que entonces importaba petróleo, apostó decididamente a la producción de etanol, lo que contribuyó a sentar las bases de su actual autosuficiencia energética. La de Brasil fue una dictadura distinta a la de sus vecinos sudamericanos: no sólo mantuvo una apariencia democrática y toleró algún tipo de oposición, también se caracterizó por cierto nacionalismo, su afán "modernizador" y su firme intención de afirmar los intereses de Brasil en el exterior. Algunas empresas iniciaron entonces un proceso de expansión, gracias en buena medida a los beneficios estatales y a una sinergia entre los sectores público y privado que ha jugado un creciente papel desde entonces. El país aventajó como nunca antes, fue el llamado "milagro brasileño".
A pesar de que la economía brasileña creció a lo largo de estos tres ciclos, los mismos transcurrieron de forma poco sostenida y ampliaron de forma dramática las desigualdades, por no mencionar la pesada deuda externa generada. El desarrollo brasileño vio tiempos oscuros bajo la "nueva república". Los ochenta fueron la "década perdida". El país dejó de crecer por varios años, aumentaron los ya críticos niveles de pobreza y se disparó la inflación. Ni el presidente José Sarney ni la breve administración de Fernando Collor de Mello lograron controlar esa tendencia negativa. Sólo el "Plan Real" instrumentado por Fernando Henrique Cardoso -primero como ministro de Hacienda y más tarde como Presidente (1994-2003)- consiguió poner la inflación bajo control. El precio, sin embargo, fue el de un crecimiento económico muy limitado.
La década de los noventa afectó a Brasil de un modo peculiar. Si bien algunos de los postulados clave del Consenso de Washington fueron incorporados en la agenda, como el control de la inflación o el equilibrio en las cuentas públicas, los manuales fondomonetaristas fueron leídos con menos dogmatismo que en otras latitudes. Aunque Brasil instrumentó uno de los programas de privatización más ambiciosos a nivel mundial, el gobierno mantuvo el control de algunos sectores estratégicos de la economía, se mantuvo como accionista importante en varias empresas y procuró resguardar la industria nacional. Ello se llevó a cabo a través de esquemas mixtos donde el sector público mantenía su influencia. De esa forma, el Estado conservó en sus manos empresas como Petrobras y, no menos importante, un tripié de bancos públicos que en distintos momentos ha jugado un papel clave como generadores de ahorro e inversión: el BNDES, el Banco do Brasil y la Caixa Económica Federal.
Glauco Arbix, un lúcido economista brasileño, señala que las características mixtas de actuación entre el sector público y privado han jugado un papel clave en la transnacionalización de las empresas brasileñas en los últimos años. "El Estado", explica, "ha estado presente en la generación de un ambiente que permite que las empresas brasileñas se desarrollen". Muchas de las firmas que han logrado competir a nivel mundial fueron apoyadas en algún momento de su historia con créditos del BNDES.
Durante los noventa, Brasil no cedió a la apertura económica como lo hicieron otros. Aunque participó de las negociaciones en torno al Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, pronto calculó que los potenciales beneficios de eliminar barreras arancelarias no serían sustantivos para sus productos manufacturados. Éstos difícilmente podrían competir dentro del mercado estadounidense. Por eso el país buscó otra estrategia: protegió en alguna medida su sector industrial; prefirió reafirmar su influencia en Sudamérica -donde tenía ventajas comparativas y donde prácticamente todo lo que exporta son productos manufacturados- y apostó a la construcción del Mercosur, aunque no siempre con todo el énfasis.
Sin embargo, la estrategia brasileña no ha sido sólo defensiva. El país también se planteó competir en el exterior a partir de la ampliación y diversificación de la oferta y destino de sus exportaciones. Brasil y sus empresas han logrado situar sus tentáculos en diversas partes del mundo. Hoy 25 por ciento de las exportaciones se destinan a América Latina y el Caribe, 11 por ciento al Mercosur, 23.4 por ciento a la Unión Europea; 18.9 por ciento a Asia (con énfasis en China, su principal socio comercial), y tan sólo un 13.9 por ciento a Estados Unidos. Este último dato no deja de ser notable si consideramos que en el pasado casi un 40 por ciento de las exportaciones se dirigían a ese país.
La diversificación no ha sido resultado sólo de acuerdos comerciales (en realidad, los alcances en ese rubro son muy limitados; México ha logrado firmar muchos acuerdos más), sino fundamentalmente del decidido apoyo que ha recibido el sector exportador. Gracias a ello, muchas empresas brasileñas han logrado aprovechar oportunidades en todo tipo de países y regiones. Como resultado, Brasil es hoy menos vulnerable a la crisis porque su suerte no está atada a una economía en particular. Por eso la crisis que inició en Estados Unidos ha tenido en Brasil un impacto significativamente menor que en países como el nuestro. La diversificación ha permitido también que Brasil se inserte mejor en la globalización y le ha dado mayor autonomía, densidad y consistencia a su relación con el mundo.
Desde luego que no todo es miel sobre hojuelas. A pesar de su industria, Brasil todavía es mayoritariamente un productor de materias primas y depende en buena medida del agronegocio para mantener una balanza comercial favorable. En su relación con China, aunque se han dado pasos importantes hacia la consolidación de una relación estratégica, todavía dos terceras partes de lo que exporta a ese país consisten en commodities, mientras que importa esencialmente manufacturas.
Mercado interno
La economía brasileña no depende sólo del mercado exportador, también tiene un creciente soporte en el mercado interno. Aunque todavía sin la suficiente fortaleza, el consumo ha venido creciendo durante los últimos años gracias a políticas de crédito a poblaciones de bajos ingresos; a la ampliación del sistema de pensiones en el ámbito rural a todos aquellos mayores de 60 años; al aumento del salario mínimo en un 50 por ciento por encima de la inflación y -no menos importante- a los programas de distribución de renta. A través de Bolsa Familia (según algunos un programa inspirado en Oportunidades), hoy más de 11 millones de familias (de un total de 16.4 millones en situación de miseria) reciben un subsidio mensual destinado esencialmente a la compra de alimentos.
Este tipo de políticas ha permitido incorporar a una amplia gama de sectores que años atrás se hallaban en completa exclusión y hoy comienzan a consumir de forma creciente. Si bien todavía no estamos frente a ese "gran mercado de masas" con el que soñaban los economistas del Partido de los Trabajadores (PT), hay datos interesantes: los dos estratos de menores ingresos que habitan las regiones más pobres del país (el norte y el nordeste) ya consumen un 5 por ciento más que los dos estratos con mayores ingresos que habitan la zona más rica del país (el sudeste). Como resultado de esta situación, un nuevo dinamismo económico comienza a observarse en las zonas de menores ingresos.
Aunque los efectos de estas políticas no son todo lo que anuncia el triunfalismo gubernamental, hay cifras que apuntan mejorías: desde 2003 Brasil logró incorporar a 10 millones de ciudadanos al contingente de la clase media. La extrema pobreza se redujo de
El esfuerzo en esta materia, sin embargo, todavía es muy modesto. A principios de los noventa Brasil aparecía en las mediciones internacionales en un deshonroso tercer lugar entre los países más desiguales del mundo. En el último informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está en el octavo. Hoy le "ganan" en desigualdad países como Bolivia, Colombia, Haití, Sudáfrica y Angola. No es como para irse de fiesta.
Se trata de una distribución del ingreso sui géneris porque la franja que percibe mayores ingresos (sobre la que existe poca información creíble) se mantiene casi inalterada. Sin embargo, el ingreso del 30 por ciento más pobre de la población aumentó cuatro veces, mientras que el del 10 por ciento con menos recursos aumentó siete. Un alto funcionario del Ministerio de Hacienda brasileño lo reconoce: "durante el gobierno de Lula se beneficiaron los estratos más ricos de la población, pero sobre todo aquellos que vivían por debajo de la línea de pobreza".
Quizás el modelo del actual gobierno pueda caracterizarse como una mezcla de políticas conservadoras y otras de corte (neo) desarrollista -el gobierno le llama "social-desarrollismo"-, con la marca de una agresiva política social. La administración de Lula no llegó a esa combinación desde un principio. Al contrario, sus primeros tres años poco se diferenciaron de la política económica instrumentada por Cardoso. En un contexto de crisis e incertidumbre, con una deuda pública que superaba el 60 por ciento del PIB, el nuevo gobierno aplicó una receta aún más conservadora: elevó las tasas de interés a niveles estratosféricos (26.5 por ciento) y se empeñó en alcanzar un superávit fiscal muy alto. Como resultado, el crecimiento de ese trienio sólo alcanzó un 2.6 por ciento, lo que llevó a Lula a aparecer como un Presidente más neoliberal que su antecesor.
El panorama comenzó a cambiar de forma gradual poco antes de iniciar el segundo mandato, cuando Lula comprendió que podía y debía relajar algunas restricciones. Así, incluyó en su equipo a economistas de perfil keynesiano y permitió una fase de expansión del gasto público. Surgió así el llamado Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), por medio del cual el gobierno se dispone a invertir una buena suma de recursos en obras de infraestructura de pequeño, mediano y gran porte. No es claro todavía cuánto se está realmente gastando. Lo cierto es que todavía no se alcanza el 7 por ciento del PIB que la Comisión de Crecimiento Económico del Banco Mundial considera necesario invertir en infraestructura para que países en desarrollo logren crecer a ritmos acelerados.
Durante esta nueva fase -que quizás no hubiera sido posible sin las reservas acumuladas durante los tres primeros años-, el papel del Estado ha adquirido un nuevo impulso. Si bien Lula nunca revirtió el programa de privatizaciones de los noventa, como reclamaban sectores de su partido, su gobierno ha creado nuevas empresas paraestatales de participación mixta en sectores estratégicos y se ha producido también un incremento destinado a los recursos con los que ya disponía el BNDES. Para 2010, esta institución tendrá una cartera de 60 mil millones de dólares, el doble de recursos de que dispone el Banco Mundial.
En septiembre de 2009 el gobierno anunció el marco regulatorio a través del cual el sector privado participará en la explotación del Presal. Pocos fuera de Brasil han reparado que los términos ya no son los mismos que Petrobras estableció hace 10 años. De aprobarse el marco regulatorio que tramita el Congreso, las instalaciones ya no serán cedidas en régimen de concesión a cambio del pago de royalties. Los contratos en vigor serán respetados, pero en los nuevos yacimientos el Estado será el principal propietario de todo el petróleo existente. El gobierno se involucrará directamente en la explotación y producción a través de una nueva compañía estatal -PetroSal-, que jugará un papel importante en todas las iniciativas. Sólo en áreas de mayor riesgo y dificultad de extracción las empresas extranjeras lograrán concurrir, siempre que estén dispuestas a asumir riesgos y a invertir cantidades considerables en investigación. Además, el sector paraestatal conservará una participación mínima del 30 por ciento en aquellas áreas.
Los amantes del libre mercado posiblemente se desilusionarían al comprobar el tamaño y el papel que el Estado brasileño -un Estado "obstructor", según The Economist- ha jugado (para bien o para mal) en el desarrollo de una de las economías más dinámicas del mundo. No obstante, si uno analiza los otros tres países que componen el BRIC -Rusia, India y China- comprenderá que en las principales economías emergentes (las que hoy son responsables del crecimiento económico mundial), el Estado ejerce un papel mucho más central de lo que estipula el recetario liberal.
La otra historia
Brasil tiene una magnífica oportunidad, pero no un lugar asegurado en el primer mundo. Su crecimiento todavía responde en gran medida a su condición de proveedor de materias primas. El éxito futuro dependerá, entre otras cosas, de continuar algunas políticas que han sido exitosas, evitar el derroche de sus recursos naturales y aprovecharlos de forma estratégica, así como de incrementar su capacidad tecnológica para competir en el mercado del conocimiento. Lo que Brasil invierte en innovación tecnológica todavía es muy limitado. Países como Korea, por ejemplo, registran un número de patentes 30 veces mayor.
En el ámbito interno, Brasil no ha alcanzado todavía niveles de bienestar social aceptables. En el Índice de Desarrollo Humano -que mide la forma en que el desempeño económico de un país se traduce en beneficios y oportunidades para su población- Brasil aparece hoy en el lugar
Brasil sigue siendo una nación de enormes contrastes y paradojas, donde coexiste una agricultura moderna y mecanizada sin haberse producido una reforma agraria como ha ocurrido en países desarrollados; donde a pesar de existir tierra de sobra, la propiedad todavía es un instrumento de acumulación y poder de caciques, dueños y señores en amplios territorios; donde aún no ha sido posible erradicar ciertas formas de esclavitud que persisten de forma clandestina en algunas regiones del país.
Mucho se habla de las virtudes de los dos gobernantes que han conducido los destinos del país durante los últimos 15 años, Cardoso y Lula, pero poco se dice de los acuerdos que ambos mandatarios han tenido que alcanzar para poder gobernar con toda suerte de líderes y partidos corruptos y corruptores, que no son sino confederaciones de intereses al servicio de la más rancia política.
Las características del sistema político brasileño -ni parlamentarismo ni presidencialismo a secas: "presidencialismo de coalición"- impiden que un Presidente alcance una mayoría razonable para gobernar. La alta fragmentación del sistema de partidos, por su parte, obliga al Ejecutivo a alcanzar acuerdos basados en el reparto de prebendas en la administración y tajadas del presupuesto negociadas muy lejos de cualquier ética republicana.
La correlación de fuerzas en el Congreso y las alianzas que Lula se ha visto obligado a formar han frenado el alcance que podría haber tenido su gobierno. Prácticamente fue imposible avanzar en reformas estructurales sustantivas. El peso de los grandes latifundistas en el Congreso impidió que el país avanzara hacia una más justa distribución de la tierra; frenó una reforma política que habría permitido otro tipo de reglas del juego e impidió también aprobar una reforma tributaria progresiva. Lejos quedó la promesa de gravar las "grandes fortunas", como planteaba el PT. Los sectores medios siguen siendo los que proporcionalmente pagan más impuestos y son también los que financian mayoritariamente los programas sociales.
Después de ocho años de gobierno, el partido que Lula fundó aparece desfigurado. Y no se trata sólo de las concesiones que se ha visto obligado a otorgar (entendibles en un país tan complejo), sino de una forma de hacer política que tiene poco que ver con lo que era esa organización. En gobiernos municipales y estatales, el PT promovió siempre formas de participación social innovadoras que planteaban un esquema de poder de abajo hacia arriba. Hoy, en cambio, el liderazgo de Lula aparece incontestable. El modelo de desarrollo que propaga tiene una lógica de arriba hacia abajo, muchas veces gerencial, e incluso un tanto tecnocrática.
En otro orden, Brasil impulsa hoy un modelo de desarrollo que no se reconcilia fácilmente con la preservación del medio ambiente. La creciente demanda de commodities está directamente relacionada a la deforestación del Amazonas y otras regiones del país, donde a ritmos acelerados se derrumban árboles para crear enormes áreas de monocultivo. Al movimiento ambientalista, cada vez más crítico de su gobierno, Lula no ha sido capaz de responderle como se esperaba.
En el plano internacional, Brasil se puede dar el lujo de tener una política exterior independiente a partir de sus intereses y principios. Desde esa posición, es capaz de ser mediador y tender puentes. Más allá de América Latina, el país emerge como un global player y Lula como su promotor más entusiasta. Así, una nueva agenda se impone en el camino: la de las naciones que buscan sentarse a la mesa de las grandes potencias. En esa lógica, asume un papel clave en el BRIC y el G-20; busca un espacio permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU; invierte importantes recursos para comprar tecnología militar de punta; decide prestar 10 mil millones de dólares al FMI para formar parte de su sistema de cuotas y votos, mediar en el conflicto palestino-israelí o dialogar con el iraní Mahmoud Ahmadinejad.
Inevitablemente surge una paradoja: de un lado camina un Brasil que se quiere poderoso económica, política y militarmente. Del otro, muy distante, marchan las preocupaciones de sus ciudadanos, muchas de cuyas necesidades todavía esperan una respuesta.
El autor es doctor en Desarrollo por la University of Sussex del Reino Unido.
Una comparación odiosa
Brasil ha superado a México en casi todos los indicadores, especialmente económicos.
| | México | Brasil |
| Población (Millones de personas.) | 107.75 | 191.48 |
| Expectativa de vida (Años.) | 58.6 | 55.7 |
| Producto Interno Bruto (Millones de dólares.) | 866.34 | 1,481.57 |
| Crecimiento económico (Variación anual del PIB.) | -7.34% | -0.66% |
| Renta per cápita 2009 (Dólares en el año.) | 8,040.24 | 7,737.32 |
| Inflación (Variación anual acumulada.) | 4.46% | 4.22% |
| Población desocupada (Porcentaje de la Población Económicamente Activa.) | 6.24* | 7.4** |
| Salario mínimo 2010 (Dólares diarios) | 4.47 | 8.92 |
| Tipo de cambio enero 2010 (Moneda local por dólar.) | 12.7 | 1.73 |
| Pobreza (Porcentaje de la población.) | 34.8 | 25.8 |
| Analfabetismo [Porcentaje en población mayor de 15 años (2005)] | 7.4 | 11.1 |
| Popularidad presidencial(²) (Porcentaje a diciembre 2009.) | 66 | 83 |
* Al tercer trimestre del 2009.
** A noviembre del 2009.
² Respuesta a: ¿aprueba o desaprueba la gestión del Presidente?
Información: Karla Garduño. Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Cepal, Banco de México, Banco Central de Brasil, INEGI, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBOPE y Grupo Reforma.
Perspectiva de un 'Belo Horizonte'
Ensayo Devenir y dilemas de un gigante. Un mexicano relata cómo vivió el 2009 en el país latinoamericano que sobrellevó mejor la crisis económica
Octavio Ortega
(17 enero 2010).- "Acá se sintió la crisis, pero no tanto; sí tuvo devaluación la moneda, como en todo el mundo, pero no se sintió como en México o en otros países", es la evaluación de Juan Antonio Monroy, un mexicano que tiene 14 meses de residencia en Brasil.
Hace 10 años dejó México, y hoy sabe que su actual ubicación resulta envidiable para cualquiera de sus paisanos, y no por el paisaje carioca de las postales, sino porque su perspectiva económica tiene un "Belo Horizonte", representativo nombre de la ciudad en la que vive, capital del estado de Minas Gerais.
Una metrópoli abundante en edificios que albergan nuevas compañías nacionales y extranjeras, lejos de las favelas de Río de Janeiro. La compra de empresas locales, la llegada de transnacionales como en la que él trabaja y el crecimiento de una clase media que allá "puede vivir bien" son parte de su entorno.
Vivir en la que para él es la ciudad más importante después de Río o Sao Paulo -equivalente a Monterrey o Guadalajara, según su comparación-, le permite testificar la llegada de inversiones y expresar sin duda que el mercado brasileño "está muy caliente".
"Hoy se habla en los medios sobre las construcciones para el Mundial, para las Olimpiadas, del buen momento de la economía brasileña, y que el gobierno ya no sabe qué hacer con la entrada de dólares que está teniendo el país", expone.
La profesión de contador propicia que Juan Antonio exponga una tesis de libre mercado al preguntarle por las diferencias entre México y Brasil en el año de la crisis.
"Estuve en diciembre en México y puedo decir que se quedó estancado, no veo ese crecimiento. México sólo ve a Estados Unidos, en cambio Brasil, al no tener a Estados Unidos al lado, hace que se diversifique. La otra es que la demanda interna de Brasil, en la crisis económica que pasó, evidenció que, estando fuera de los mercados internacionales, puede vivir solo", señala.
Para este directivo de proyecto en la aseguradora Zurich, una transnacional suiza con presencia en más de 120 países, la clave del crecimiento está en tener opciones, no sólo para vender mercancías al exterior, sino también en el mercado interno.
"Acá Petrobras lo ven como una empresa privada, está abierto el tema de la gasolina, tienes varias gasolineras, y lo que genera una competencia es el alcohol", refiere.
Con 35 años de edad y la experiencia de haber vivido en Suiza, Chile y Venezuela, Juan Antonio considera que la corrupción o el narcotráfico no son las razones del atraso en México, pues esos problemas también existen en Brasil, aunque sobre el tráfico de drogas puntualiza que "no es como en México" y confirma que este tema sólo suena cuando se habla de las favelas en las zonas suburbanas de Río.
Además de las particularidades del idioma, el futbol, y la proximidad del Mundial y las Olimpiadas, Juan Antonio afirma que en el día a día hay algo que lo hace sentir que "Brasil no es América Latina": el crecimiento económico, evidenciado en detalles como el que cada vez se hable más inglés y español mezclados con portugués.
En su predicción, Brasil seguirá avanzando los siguientes años gracias a la buena imagen de su gobierno y su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y anuncia que los brasileños sólo se van a detener el día que la Selección de futbol juegue como anfitrión en el Mundial del 2014.
Lejos de toda perspectiva negativa, Juan Antonio augura un futuro prometedor al país en el que vive: "la parte del Mundial y de las Olimpiadas le va a dar otro brinco mucho más fuerte al que está teniendo".
El año de Lula
En el 2009 Obama llamó a Lula "el político más popular de la Tierra" y la prensa internacional destacó su liderazgo mundial.
El semanario británico The Economist publicó en noviembre un amplio reportaje sobre el despegue brasileño en medio de la crisis mundial.
En diciembre, el diario francés Le Monde calificó a Lula como "el hombre del año".
El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, escribió el perfil de Lula en el suplemento domincal El País Semanal.
Reducción del Congreso: otra afrenta a las mujeres
Análisis Reforma política a debate. La propuesta presidencial de reducir las diputaciones y senadurías plurinominales disminuiría considerablemente la presencia femenina en el Congreso. La reducción de los plurinominales afectaría a las mujeres en uno de los derechos por el que más han luchado
Dulce María Sauri Riancho
(17 enero 2010).- El año que finalizó recientemente dejó dos situaciones que cuestionan los avances en la lucha de las mujeres por el pleno ejercicio de sus derechos. Por una parte, las reformas realizadas en 17 constituciones estatales para reconocer el derecho a la vida desde la concepción hizo retroceder el debate sobre las políticas de salud sexual y reproductiva a etapas anteriores a los años sesenta, polarizó a importantes segmentos de la sociedad y ha estigmatizado a quien ha osado argumentar sobre el derecho de las mujeres a decidir.
Menos visible, pero no por ello menos costosa, es la reducción a la participación de las mujeres que se ha deslizado de manera implícita en el debate sobre la reforma política, en la parte relativa al número de integrantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores y la vía de acceso: mayoría relativa o representación proporcional.
Una reducción del número de legisladores por la vía plurinominal afectará principalmente a las mujeres en uno de los derechos políticos por el que más intensamente hemos luchado durante largos años: participar en los procesos de toma de decisiones en la vida pública en condiciones de igualdad.
El debate
El presidente Felipe Calderón, en su "paquete integral de reforma política" presentado el pasado 15 de diciembre, propone reducir el número de integrantes de ambas Cámaras del Congreso "...con el propósito de dar mayor eficiencia al trabajo legislativo y reconocer la exigencia ciudadana de evitar un uso dispendioso de sus recursos".
De prosperar su iniciativa, la Cámara de Diputados quedaría integrada por 240 legisladores de mayoría relativa y 160 de representación proporcional, en vez de los 300 y 200 respectivamente. En el Senado la reducción se daría por la eliminación de la lista nacional correspondiente a 32 legisladores; pasaría de
Existen otras propuestas e iniciativas presentadas en el Congreso relativas al tamaño de las Cámaras. Está previsto el inicio del debate en fecha próxima, con una posible solución legislativa dentro del próximo periodo de sesiones del Congreso.
La reducción afecta a las mujeres
Desde la elección de Aurora Jiménez de Palacios, en 1955, como primera diputada federal, la lucha de las mujeres por el acceso a la representación popular ha sido intensa e incesante.
A pesar de los compromisos internacionales contraídos por México, fue hasta noviembre de 1996 cuando quedó establecido por primera vez el tenue mandato a los partidos políticos de introducir en sus estatutos un porcentaje mínimo de participación femenina.
El 30 de abril de 2002 fue reformado el artículo 175 del Cofipe en sus fracciones A, B y C para establecer la obligación de los partidos políticos de registrar candidaturas de manera proporcional, sin que ningún género representase más del 70 por ciento. Efectivo el mandato para la elección federal de 2003, representó un incremento importante de diputadas en la LIX Legislatura, aunque todavía lejos del 30 por ciento.
La reforma a la legislación electoral de 2007 modificó los procedimientos del Cofipe para el registro de candidaturas. El artículo 219 elevó a 40 el porcentaje mínimo del mismo género (léase mujeres) y garantizó la integración por segmentos de cinco candidatos, en los que al menos dos deberán ser de género distinto.
Pero la propia disposición del Cofipe contiene una salvedad que en la práctica la anuló parcialmente: "...quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido".
Conformado antes de las reformas mencionadas, el Senado tenía solamente 19.5 por ciento de mujeres (25 senadoras)1, de las cuales 11 (44 por ciento) ingresaron vía lista nacional (representación proporcional). Destaca que únicamente el 14.5 por ciento (14 de 25) entraron por mayoría relativa o primera minoría.
La actual legislatura en la Cámara de Diputados fue integrada con las nuevas disposiciones respecto al género. Sin embargo, las ²138 mujeres que llegaron representan el 27. 6 por ciento, cifra aún lejana de la meta del 40 por ciento.
¿Por qué afecta a las mujeres?
Las diputadas que llegaron por representación proporcional representan el 63 por ciento del total de mujeres. De los 200 legisladores por esta vía, 43.5 por ciento son del sexo femenino (87), poco más del 40 por ciento que establece la ley. En cambio, de los 300 diputados de mayoría relativa, sólo el 17 por ciento (51) son mujeres. Estas cifras ilustran el efecto de la salvedad de cumplir con el porcentaje en el caso de las candidaturas de mayoría relativa.
Por partido político, el contraste es aún más marcado. El PRI, que tiene el mayor número de diputados de mayoría relativa (184), es el que tiene el menor porcentaje de legisladoras (21.5 por ciento). Esto se debe a que sólo 29 de los 184 diputados por el principio de mayoría relativa (16 por ciento) son mujeres; en tanto que por representación proporcional la presencia femenina priista asciende al 43 por ciento (22) de su total de diputados.
En el caso del PAN, segundo en número de legisladores, su representación se divide casi por mitad entre mayoría relativa y representación proporcional (70 y 73, respectivamente). Sin embargo, el 33 por ciento de su total son mujeres (47), de las cuales 31 llegaron por representación proporcional (42 por ciento) y sólo 16 por mayoría relativa.
El grupo parlamentario del PRD está conformado por 71 legisladores, 31 por ciento (22) mujeres. 53 por ciento de quienes llegaron por la vía de representación proporcional (17) son diputadas.
En los otros partidos políticos representados en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados el impacto de la disposición del Cofipe es mucho mayor, puesto que casi todos sus legisladores accedieron por representación proporcional. La bancada de Convergencia cuenta con representación paritaria de hombres y mujeres; el PVEM, PT y Panal, entre 38 y 30 por ciento.
Conclusiones
A mayor peso de la vía de mayoría relativa, menor representación femenina. El valladar -algunas veces frágil- que pone la ley a los prejuicios y resistencias a la participación de las mujeres como candidatas, es fácilmente eludible a través de los métodos estatutarios "de elección democrática" que los partidos establecen y anulan la obligatoriedad de la disposición.
Por si no fuera suficiente, la violencia contra las mujeres -entendida como un abuso de poder- encuentra una nueva manifestación en las candidaturas registradas para cumplir con la "cuota de género", en que la propietaria es acompañada en la fórmula por un suplente hombre que tiene garantizada la licencia de la titular al iniciar la legislatura porque es su esposo, pariente o jefe.
Las propuestas
Pasar del 300/200 al 240/160, como pretende la propuesta del Presidente, significaría retroceder hasta el 26 por ciento de representación femenina, si se conservara la misma proporción en la integración de las listas de representación proporcional.
Si la reforma fuera más allá, hasta la eliminación del principio de representación proporcional para el acceso a la Cámara de Diputados, las mujeres quedarían reducidas a un modesto 17 por ciento, casi 11 puntos menos que el porcentaje actual.
Las medidas de acción afirmativa que han representado las "cuotas de género" para avanzar hacia el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres todavía no cumplen con su cometido de garantizarles iguales oportunidades que a los hombres. Las prácticas culturales y las tradiciones se han transformado lentamente, no sin resistencias y retrocesos, como lo revela el caso de las "Juanitas".
Las mujeres, al igual que otros grupos marginados por muchos años de la representación política, como los indígenas, requieren políticas de largo alcance. Realizar la reforma de las instituciones del Estado demanda pensar y decidir con perspectiva de género, con la clara visión de ampliar los espacios de participación de las minorías. Más todavía en el caso de quienes conformamos más de la mitad de la población de México.
La autora es política yucateca, ex presidenta nacional del PRI y ex senadora de la República.
Notas:
1 Dos senadoras del PVEM solicitaron licencia por tiempo indefinido al iniciar el primer período de la LX Legislatura. Fueron sustituidas por sus suplentes hombres.
2 En las sesiones de la Comisión Permanente del 22 de diciembre y 5 de enero de 2010 se le concedió licencia a 10 diputadas, más otras tres del grupo original de las popularmente bautizadas como "Juanitas", que la habían solicitado previamente, casi el 10 por ciento de quienes fueron electas.
Obama: un año
Opinión Balance de gobierno. El primer presidente afroamericano de Estados Unidos ha puesto las bases para echar a andar el cambio que prometió, pero las expectativas son demasiado altas
Zoé Robledo
(17 enero 2010).- "Hemos arado el surco y sembrado la buena semilla. El difícil comienzo ha terminado. Ahora, luego de cosechar los frutos, deberemos volver a cultivar esa tierra donde la buena semilla brotó y la planta maduró".
Franklin Delano Roosevelt,
Primer discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, 3 de enero de 1934.
El desencanto de la población con un político es directamente proporcional a las expectativas generadas en la campaña e inversamente proporcional con la realidad del gobierno en funciones. En poco tiempo, el entusiasmo de un elector puede convertirse en desilusión cuando no percibe que su vida sea mejor gracias al gobierno que eligió. Ningún político electo escapa de esa dinámica. Ni siquiera Barack Obama.
Hoy, a un año de aquella fría y estimulante mañana de Washington en la que Barack Hussein Obama II juró como el 44º presidente de Estados Unidos, no existe consenso sobre el balance de su primer año en la Casa Blanca. Sus seguidores aseguran que los logros son históricos; comparables con los de Roosevelt. Sus críticos apuntan a la caída constante de sus niveles de aprobación; según la más reciente encuesta de la firma Opinion Research Corporation para CNN, 48 por ciento de los norteamericanos opina que la Presidencia de Obama ha sido un fracaso mientras que 47 por ciento dice que es un éxito.
¿Qué explica que las opiniones respecto al desempeño de Obama sean tan diametralmente opuestas? Quizá es producto de una condición que se presentó desde la interna del Partido Demócrata: con Obama todos los temas tienden a exagerarse. Cualquier gesto, cualquier palabra, acción o decisión suya es sobredimensionada, interpretada desde diferentes ángulos y convertida en un tema de la agenda nacional. Su capacidad de polarizar ha alcanzado a su capacidad de inspirar. Si, literalmente, mata una mosca, recibe una severa crítica de las organizaciones defensoras de animales; si su saludo al rey Abdullah de Arabia Saudita fue demasiado reverencial, lo acusan de sumisión al Islam; si hace promesas de paz, le entregan el premio Nobel.
Pero existe una explicación más. Una que tiene que ver con la brecha entre las intenciones del Presidente y las preocupaciones de gran parte de la población; la distancia entre sus motivaciones y los intereses del Partido Demócrata; la diferencia entre su visión de país y la agenda de la oposición. En su primer año como Presidente, Obama parece más preocupado por el alcance de sus decisiones en función de las implicaciones históricas y no del cálculo político; su agenda de cambios estructurales tiene más que ver con las generaciones del 2030 que con las elecciones del 2010; su ejercicio del poder es de grandes trazos que esbozan el futuro, no de pequeños detalles que operan el presente.
La evidencia de lo anterior está en la naturaleza de los logros del primer año. Si dejamos a un lado la discusión sobre sus virtudes y debilidades y nos limitamos a su récord de gobierno durante este lapso, Obama está muy cerca de convertirse en el presidente norteamericano de la postguerra que ha conseguido el mayor número de puntos de su agenda.
Estabilización de la economía
El gurú de las empresas, Peter Drucker, escribió en 1992 un artículo para The Wall Street Journal, en donde hacía una serie de recomendaciones al recién electo Bill Clinton; una era concentrarse en la primera prioridad: "tiene que ser algo que realmente tenga que hacerse. Si no es demasiado polémica, es probable que sea la prioridad equivocada". Obama tomó la arriesgada y polémica decisión de impulsar el mayor plan de inversión pública de la historia de Estados Unidos: la Ley de Reinversión y Recuperación de Estados Unidos y un paquete de estímulos económicos que asciende a 787 mil millones de dólares. La medida fue controvertida y poco popular, desde la izquierda se calificó al esfuerzo de tímido, desde la derecha se condenó el gasto social y no hay duda que generará un enorme déficit fiscal; pero hoy existe un consenso entre los economistas de que esta medida evitó que la peor crisis económica y financiera en décadas se convirtiera en una nueva Gran Depresión.
Transformación social
Harry Truman, Lyndon Johnson, Jimmy Carter y Bill Clinton comparten tres condiciones: fueron presidentes demócratas, intentaron reformar el sistema de salud que proveyera cobertura nacional, y fallaron. Una aspiración de 60 años del Partido Demócrata está a punto de convertirse en realidad. En menos de 365 días, Obama ha logrado que su reforma del sistema de salud, que extiende la cobertura médica a cerca de 30 millones de norteamericanos que hoy no tienen seguro, fuera aprobada en el Senado y ahora espera la decisión de la Cámara de Representantes.
La reforma toca una fibra sensible del debate sobre el gobierno en Estados Unidos: la frontera entre la libertad individual y el bienestar general. Ello explica por qué Obama hizo concesiones sobre su iniciativa original con diferentes sectores; considerando la inmensidad de la empresa y los obstáculos políticos que ha sorteado, lograr una reforma imperfecta y mejorarla más tarde es probablemente el único modo de tener éxito. El gran trazo transformador ha sido ejecutado: que el gobierno federal asuma la responsabilidad de la cobertura de salud es, quizá, el cambio más profundo del rol del gobierno desde el New Deal. No exagera el analista político Jacob Weisberg cuando afirma que modificará el contrato social norteamericano.
Reconciliación internacional
Quizá los logros referentes a la política exterior son menos tangibles, pero no por eso menos significativos. En menos de un año, Obama ha visitado 25 países en su esfuerzo por reconciliar a Estados Unidos con el resto del mundo. Su discurso a favor del multilateralismo, el retiro gradual de tropas de Iraq, el impulso del desarme nuclear, la eliminación del diccionario oficial de la infame expresión "guerra al terrorismo" ha comenzado a dar resultados. Obama tiene a buena parte de la comunidad internacional detrás de él apoyándolo, y no de frente señalándolo. El Nobel de la Paz se entiende como estímulo a ese viraje del timón. El reto de 2010 será que el discurso conciliador no se confunda con la claudicación de dos acciones irrenunciables: ganar la guerra en Afganistán, para lo cual Obama solicitará al Congreso 33 mil millones de dólares para aumentar el número de tropas, y el endurecimiento de las medidas de seguridad interna a partir del frustrado atentado de un joven nigeriano en un avión el día de Navidad en Detroit.
Otros indicadores
A pesar de los logros, un balance siempre corre el riesgo de ser subjetivo. Por ello, vale la pena revisar otro tipo de mediciones como el Nation Brand Index, un estudio realizado con base en una encuesta a 20 mil personas en 20 países, levantada por GFK Roper Public Affairs & Media, que mide las 50 principales "marcas país". Según los resultados de este año, Barack Obama fue la clave para que Estados Unidos pasara de la posición número 6 al número 1 en el ranking de los países más admirados del mundo. En un artículo para la revista Foreign Policy, Simon Anholt explica que esto tiene lucrativas consecuencias: cuando un país tiene una buena reputación, los bienes, servicios, la gente y hasta los paisajes son más atractivos para el mercado global y esto, según un cálculo monetario, representa un incremento de 2 billones de dólares para la marca Estados Unidos. Nada mal para el primer año de un Presidente que es medido con una vara particularmente alta.
El autor es socio consultor de Gerencia del Poder. zrobledo@gerenciadelpoder.com.mx
La cultura política
(17 enero 2010).- Téngalo presente
La decisión electoral. Votantes, partidos y democracia en México de Alejandro Moreno. Cámara de Diputados / Miguel Ángel Porrúa. Presentan José Woldenberg, Sergio Aguayo, Irma Méndez y Federico Estévez. Jueves 21, 19:00 hrs. ITAM, Río Hondo 1, Progreso Tizapán. Informes: www.itam.mx.
Conferencias
Historia de vida y momento histórico: Lucas Alamán como actor económico. Eric Van Young, Andrés Lira y Guillermina del Valle. Lunes 18, 17:00 hrs. El Colegio de México, Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: www.colmex.mx.
Revoluciones modernas. Antonino de Francesco, José Antonio Piqueras, Alan Knight y Stephen Smith examinan las revoluciones francesa, española, mexicana, rusa y china. Martes 19 y miércoles 20, 17:00 hrs. El Colegio de México, Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: www.colmex.mx.
Fraudes a las aseguradoras. El caso de las viudas negras. Ismael Gómez Gordillo. Jueves 21, 18:30 hrs. Instituto Nacional de Ciencias Penales, Magisterio Nacional 113, Tlalpan. Informes: 5487 1500, ext. 1665.
Convocatorias
Premio del Instituto Nacional de Administración Pública. El INAP invita a presentar investigaciones. El primer lugar obtendrá 150 mil pesos, diploma y publicación de la obra; el segundo lugar, 100 mil pesos y diploma. Fecha límite de recepción: 4 de marzo. Informes: 5081 2607, ext. 4848, www.inap.org.mx.
Libros
Apocalipstick de Carlos Monsiváis. Debate. Desempleo, Semana Santa, ambulantaje, marchas, embotellamientos, protestas contra el desafuero de López Obrador y el mall como la reinvención de la plaza pública... éstos y otros personajes, lugares e historias de la Ciudad de México forman parte de este conjunto de crónicas.
Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo de Pascual Serrano. Península. Prólogo de Ignacio Ramonet. Desentraña el funcionamiento de los medios y recorre los principales acontecimientos internacionales de los últimos años para demostrar que no han ocurrido como los medios los han contado.
El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau de Oliver Marchart. FCE. Argumenta que la insuficiencia que muestra hoy el término política supone que el paradigma en el que se fundan corrientes como el positivismo está en crisis.
John F. Kennedy: su liderazgo de John A. Barnes. Grupo Nelson / Océano. Si algo queda por estudiar del ex presidente norteamericano es su liderazgo. El libro examina su carisma, su forma de comunicar, la redacción de sus discursos y cómo manejó las crisis.
Juan Soldado. Violador, asesino, mártir y santo de Paul J. Vanderwood. El Colegio de la Frontera Norte. Investigación sobre la vida de Juan Castillo Morales, quien después de declararse culpable de la violación y asesinato de una niña de ocho años logró ser considerado milagroso.
Los mil y un velorios. Crónica de la nota roja en México de Carlos Monsiváis. Asociación Nacional del Libro, A.C. ¿Es la nota roja una gran novela colectiva, con episodios culminantes como hitos de la pequeña historia? El cronista mexicano se acerca al fenómeno y muestra la perdurabilidad de un género y su relación feroz y entrañable con la sociedad.
Los orígenes del poder en Mesoamérica de Enrique Florescano. FCE. Describe procesos históricos que intervinieron en la formación de la región. Traza un recorrido continuo que va de los olmecas a los mexicas y confirma la presencia del Estado en ese territorio con base en el poder del simbolismo.
Transición. Conversaciones y retratos de lo que se hizo y se dejó de hacer por la democracia en México de Carmen Aristegui y Ricardo Trabulsi. Grijalbo. Conversaciones con 26 personajes que han ejercido o criticado el poder a partir de una pregunta central: ¿México logró transitar de un régimen autoritario a un sistema democrático?
Un hombrecillo en mi cabeza de Jesús Pacheco. Moho. Conjunto de relatos en los que se mezcla la ficción y la vida de algunos famosos asesinos seriales como Henry Lee Lucas, Jeffrey Dahmer y Peter Kurten para profundizar en el conocimiento de los seres humanos.
Presentaciones
Hacia un instrumento regional interamericano sobre la bioética. Experiencias y expectativas coordinado por Ingrid Brena y Gérard Teboul. IIJ-UNAM. Lizbeth Sagols, Ricardo Méndez-Silva y Rodolfo Vázquez. Miércoles 20, 17:30 hrs. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5665 2436.
Memoria y ciudadanía editado por Ileana Rodríguez y Mónica Szurmuk. Cuarto Propio. Adriana González, Max Parra y Alberto del Castillo. Miércoles 20, 18:00 hrs. Instituto Mora, Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac. Informes: 5598 3777, ext. 1133.
Ciudades mexicanas del siglo XX. Siete estudios históricos coordinado por Carlos Lira y Ariel Rodríguez. El Colegio de México. Arturo Azuela, María Luna, Claudia Zamorano. Jueves 21, 18:00 hrs. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: www.colmex.mx.
Diagnóstico administrativo holístico de Víctor Manuel Martínez Chávez. Trillas. José R. Castelazo, María de Jesús Alejandro y Ricardo Uvalle. Jueves 21, 18:00 hrs. INAP, Carretera Libre México-Toluca 2151. Informes: 5081 2600, ext. 4848.
Revistas
Letras Libres. No. 133, enero. Especialistas como Danièle Dehouve y Guilhem Olivier examinan los sacrificios mexicas. Carlos Elizondo valora la propuesta de reforma política del Presidente. David A. Brading conversa sobre México y Enrique Krauze hace una relectura de La sucesión presidencial en 1910, escrito por Madero.
Zócalo. No. 119, enero. Raúl Trejo Delarbre argumenta que hay particulares que creen ser dueños de las frecuencias de radio y televisión. José Reveles considera que el gobierno entró en el juego del narco. Frida V. Rodelo examina periodismo y violencia en Sinaloa. Investigadores analizan la nueva reglamentación de medios en Argentina.
Seminarios
Características de las nuevas migraciones femeninas en la Unión Europea. Adelina Miranda y Djaouida Shelli. Lunes 18, 12:00 hrs. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Circuito Mario de la Cueva s/n, CU. Informes: www.iis.unam.mx.
Si usted desea difundir algún evento de cultura política, por favor comuníquese al 5628 7245 o escriba a enfoque@reforma.com
PROCESO No. 1733
ATLIXCO: AQUÌ EMPEZÓ LA CACERÍA...
Patricia Dávila
Arturo Beltrán Leyva estuvo a punto de ser capturado a principios de diciembre en Puebla, tras un enfrentamiento con policías y militares, por un exceso de confianza: asistió como padrino al bautizo del hijo de un joven matrimonio amigo. Logró escapar, pero ya se había iniciado la última etapa de la cacería contra él, que dejó huellas en Atlixco y Tepoztlán y que culminó en el fraccionamiento Altitude, en Cuernavaca.
ATLIXCO, PUE.- Era 5 de diciembre, sábado. En la capilla privada del fraccionamiento Club Campestre El Cristo de esta ciudad se realizaba una discreta ceremonia religiosa. Un pequeño de apenas meses de edad recibía el sacramento del bautismo. El padrino era el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien había viajado hasta esta localidad expresamente para la ocasión.
Los padres del niño, un joven matrimonio residente en Cuernavaca, Morelos, viajaron a su casa de descanso ubicada en Paseo del Cristo número 880 en esta ciudad poblana para realizar el acto religioso, que tuvo lugar en la capilla colonial de muros blancos con un gran crucifijo en el altar.
Habitantes del lujoso conjunto residencial recuerdan que el sacerdote Delfino Heredia Vázquez ofició la misa; es él quien atiende siempre los oficios religiosos privados. Afuera del templo, a los adinerados vecinos y a los trabajadores de El Cristo no les sorprendió la caravana de lujosos vehículos último modelo, tan comunes en este Club Campestre, pero sí los choferes y la escolta que cuidaron desde su arribo al famoso narcotraficante.
Tras el acto litúrgico, sólo unos pocos fueron invitados a una comida en la casa de fin de semana de los papás del bautizado: no pasaron de 20, según consta en declaraciones rendidas ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), asentadas en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-I/1199/2009, abierta por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley contra la Delincuencia Organizada.
El acceso principal de la residencia está enmarcado por un gran arco color café. Días antes de la celebración, de este lugar entraban y salían vehículos de un servicio de banquetes.
Habitantes y trabajadores del fraccionamiento comentan: “Es frecuente que realicen fiestas con muchos invitados, pero nos pareció extraño que fuera privada”. Los asistentes llegaron el día anterior, el 4 de diciembre, y pasaron la noche en una casa para huéspedes que se encuentra en el jardín posterior de la residencia.
Después del banquete, cuentan los vecinos, Arturo Beltrán Leyva estaba alegre. A ritmo de tambora y acordeón, cuatro músicos interpretaban corridos de Badiraguato, Sinaloa, tierra natal de El Jefe de Jefes. El repertorio fue cuidadosamente seleccionado: no hubo narcocorridos.
La banda dejó de tocar a las tres de la mañana del 6 de diciembre; ya era domingo. El padrino se quedó el fin de semana en casa de sus compadres, señala el expediente.
A partir del día siguiente, lunes 7, Beltrán Leyva se puso a trabajar: sostuvo reuniones en Cholula y Puebla con integrantes de la estructura del cártel que él encabezaba establecida en Puebla desde junio del año pasado para minar la actividad de narcomenudeo controlada por gente perteneciente a Los Zetas. Los encuentros, que se realizaron en casas de seguridad en Puebla y en San Pedro Cholula, apuntaban a la consolidación de la organización de los hermanos Beltrán Leyva en esta entidad.
Tres días después, el jueves 10, Beltrán Leyva decidió regresar a Cuernavaca, Morelos. Salió de Cholula con rumbo a la capital poblana, pero el convoy que lo resguardaba (tres Suburban negras y un Stratus blanco) llamó la atención por lo ostentoso. Alrededor de las 11:30 horas, el Centro de Respuesta Inmediata (Ceri) recibió reportes de una “situación sospechosa”. La movilización fue inmediata.
El enfrentamiento
A la altura de Camino Real a Cholula y Avenida Zavaleta, elementos de la Policía Judicial del estado interceptaron el convoy. Los agentes le marcaron el alto, pero el grupo de sicarios abrió fuego. En medio de la persecución y el tiroteo, que alcanzó su punto máximo a la altura del bulevar Forjadores, ambos bandos solicitaron refuerzos por radio.
A la persecución de los narcos se sumaron policías municipales de Puebla, integrantes de las unidades Panteras, Espartacos y Guardianes. En apoyo del convoy de Beltrán Leyva llegaron cinco vehículos con pistoleros y se internaron en la colonia Libertad. Al pasar por la calle Hidalgo, los sicarios dispararon contra el policía de barrio Juan Carlos Oropeza Villaráuz, quien murió de inmediato.
El convoy se introdujo a las instalaciones de Autotransportes Saldaña Granada, en calle Esteban de Antuñano y Calle 5 Oriente, en la capital poblana. Los hombres de Beltrán Leyva lograron huir de ahí y para cuando llegaron las corporaciones policiacas al inmueble sólo encontraron una Suburban negra con placas del Distrito Federal, uniformes negros, armas y chalecos antibalas.
Un reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Puebla (SSPM), que no fue dado a conocer por las autoridades estatales, detalla: “Al seguir con la búsqueda, un taxista informó a los agentes que los sicarios lo despojaron de su vehículo color negro con amarillo, placas 4052-SSF, tipo Atos, en el cual algunos de los hombres de Arturo Beltrán Leyva lograron escapar con rumbo desconocido”.
Un segundo enfrentamiento se registró en el bulevar Forjadores, a la altura de El Cuexcomate, ya en la capital poblana, en el que participaron cerca de 200 elementos de las policías estatal y municipal que seguían al convoy de El Jefe de Jefes.
La SSPM reportó que “minutos después, una camioneta Tahoe negra, sin placas, fue localizada en calle Melchor Ocampo número 14 de la colonia Pueblo Momoxpan, en el municipio de Cuautlancingo. En el interior había tres armas de fuego AK-47 con cargadores, armas tipo escuadra, estuches de armas cortas, dos chalecos balísticos y granadas de fragmentación. Sus ocupantes escaparon”.
Durante el tiroteo, en la calle Francisco I. Madero y Forjadores, frente al motel Las Carretas, dos elementos de la PJ fueron heridos: uno con un rozón de bala en el cuello; el otro, en la cabeza. Los sicarios se fugaron con rumbo a San Pedro Cholula “con dirección a las vías, no logrando su detención”.
El gobierno del estado emitió un comunicado poco después de la refriega, en el que mencionó los cuatro vehículos localizados, uno de ellos blindado y equipado como patrulla, con torretas y códigos. En su interior se encontraron dos rifles AK-47 y
Entre las 17:30 y las 18:00 horas de ese 10 de diciembre fueron detenidas cinco personas en el motel Castilla, en la colonia Belisario Domínguez, en la capital poblana. Dos son originarios de Culiacán, Sinaloa: Alejandro Araujo Martínez, Jando, de 18 años, y Eliseo Morales Rodríguez; otros dos son de Acapulco, Guerrero: Francisco Arturo Baños Catalán, de 28 años, y Alejandro Flores Peláez, de 47. El último es Juan Carlos Pérez García, de 23 años.
Gracias a las primeras declaraciones de los arraigados en la delegación de la PGR en el estado –AP/PGR/PUE/PUE-I/1199/2009– se ubicó una casa de seguridad en bulevar Forjadores, en Cholula, conocida como finca Las Bugambilias. Ahí, el Ejército se sumó al operativo de las policías estatal y municipal y en el interior de la vivienda encontraron dos vehículos: un Mercedes blindado, placas TWR-7082, y un Pointer, placas TSA-1821, ambos del estado de Puebla.
Posteriormente, los militares se trasladaron al hotel Villa Florida, en la exclusiva zona denominada Angelópolis. Según uno de los detenidos, después del bautizo Arturo Beltrán Leyva se alojó en este lugar y para escapar utilizó el helipuerto localizado a un costado del hotel.
Durante la persecución y tiroteo, escuelas, casas, negocios y vehículos quedaron perforados por las balas.
“Vi cuando los sicarios bajaron de una camioneta negra y la dejaron frente al Instituto La Paz. No sé cuántos eran, pero dos de ellos se metieron a casa de una amiga. Iban armados y afortunadamente no le hicieron daño. Ella salió espantada”, narra una joven que vive en la Calle 5 Oriente de la colonia Libertad.
En la calle, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que realizaban reparaciones lograron refugiarse en un negocio de ropa. Sin embargo, uno de ellos, que se encontraba sobre la grúa, no tuvo tiempo de bajar. Desde ahí guió a los policías hacia las zonas por las que los pistoleros intentaban escapar.
Las escuelas recibieron la orden de la policía de aplazar la salida. Los padres de familia esperaron a sus hijos hasta las 4:30 de la tarde, en medio de rumores sobre la incursión de los sicarios en una de ellas, cuenta un hombre que esperaba la salida de su hijo de secundaria.
La versión de la DEA
Vecinos de la finca Las Bugambilias afirman a Proceso que esa casa de seguridad localizada en San Pedro Cholula fue ocupada desde junio del año pasado por la gente de Beltrán Leyva. Actualmente, el inmueble es custodiado por una patrulla de la Policía Municipal y por dos de la Policía Preventiva Estatal.
La presencia de elementos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y la asistencia del capo al bautizo fue documentada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). El 17 de diciembre pasado, Anthony Placido, director operativo de la DEA, declaró a El Noticiero de Televisa que Arturo Beltrán Leyva había permanecido cinco días en el estado de Puebla, y le atribuyó propiedades en Cholula. También aseguró que el capo resultó herido durante el enfrentamiento con los policías estatales y municipales del 10 de diciembre.
Ante ello, tanto el secretario de Gobierno de Puebla, Mario Montero Serrano, como el procurador de Justicia, Rodolfo Archundia Sierra, se apresuraron a aclarar que El Jefe de Jefes permaneció en el estado menos de 24 horas. Además, negaron que la entidad esté en manos de algún cártel del narcotráfico.
–¿En qué se basa para afirmar que Beltrán Leyva pasó menos de 24 horas en Puebla? ¿Qué hizo durante ese tiempo? –pregunta la reportera al procurador.
–Sólo afirmamos que estaba de paso –contesta, evasivo, y se niega a profundizar.
Lo que sí hace Archundia Sierra es un “recuento de sucesos a lo largo de 2009 que pudieran estar vinculados con la delincuencia organizada:
“Los homicidios en los meses de marzo, junio, octubre y diciembre, en los distritos judiciales de Tehuacán, Xiocotepex, Cholula, Atlixco y Puebla. Dos de las víctimas permanecen en calidad de desconocidas; además, hay seis agentes fallecidos de las policías municipales de Atlixco, San Andrés Cholula y Puebla.”
El 27 de julio, policías municipales de Cholula detuvieron a Mauricio Aldear Espino y a Eder Felipe Villanueva Sotelo en las inmediaciones del bulevar Forjadores y la plaza comercial San Diego. Ambos admitieron formar parte de Los Pelones, grupo de sicarios a las órdenes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El 21 de agosto, Jorge Iván González Betts cayó en el cruce del tren sobre bulevar Forjadores, a un costado de la marisquería Juquila. Este hombre se dijo integrante del cártel de La Familia y amagó con detonar una granada de fragmentación luego de que se le descubrió en posesión de una camioneta Honda CRV con reporte de robo, en la que, además, se encontró droga.
El 12 de septiembre, un oficial de la Policía Municipal de Atlixco murió de un balazo en la cabeza durante un enfrentamiento con un grupo de secuestradores.
Sobre la presencia de Beltrán Leyva en el fraccionamiento Club Campestre El Cristo, en Atlixco, policías municipales confirman: “Después del 16 de diciembre, cuando Beltrán Leyva fue asesinado en Cuernavaca, nos mandaron a revisar la casa. Sabemos que (él) asistió aquí a un bautizo”.
Los vecinos y trabajadores de El Cristo aseguran que desde esa fiesta no han vuelto a ver al joven matrimonio que convocó al capo. Y nadie recuerda sus nombres. Sólo saben que la encargada de la limpieza acude los martes y jueves. Otra persona va diariamente a alimentar a los perros.
“¡La fiesta salió muy cara!”, exclama uno de los empleados.
El 11 de diciembre Arturo Beltrán Leyva ya se encontraba en Morelos. Por la noche, asistió a una narcoposada en el fraccionamiento Limoneros, en Tepoztlán. Horas después, alrededor de las 2:30 horas del 12 de diciembre, elementos de la Marina irrumpieron en la casa número 124 de Paseo Naranjos en busca del capo. Sus sicarios enfrentaron a los marinos y se desató una balacera que se prolongó dos horas.
Ahí los marinos arrestaron a 40 personas, entre ellas varios integrantes del cártel de El Jefe de Jefes, así como a los músicos Ramón Ayala y Los Cadetes de Linares, quienes amenizaban la fiesta. Beltrán Leyva logró huir, junto con su lugarteniente Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Sin embargo, la noche del 16 de diciembre, en un operativo por aire y tierra, un comando de marinos rodeó el complejo Altitude, en Cuernavaca, donde se refugiaba Arturo Beltrán.
Los militares se enfrentaron a los gatilleros y dieron muerte a varios. Al final, cuando intentaba huir del departamento en el que se había atrincherado, Arturo Beltrán fue abatido (Proceso 1729).
El “Profe”, contacto en Colombia
Daniel Lizárraga
Arturo Beltrán Leyva fue el operador entre Joaquín El Chapo Guzmán y Vicente Castaño Gil, El Profe, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia y prófugo desde 2006 tras el fracaso de las negociaciones para desmovilizar a los paramilitares. Tras romper con el cártel de Sinaloa, el Jefe de Jefes se convirtió en socio de la contraguerrilla colombiana por derecho propio, de acuerdo con un expediente de la PGR al que tuvo acceso este semanario.
CUERNAVACA, MOR.- Desde su centro de operaciones construido en Morelos, el poderoso capo Arturo Beltrán Leyva tuvo como socio al colombiano Vicente Castaño Gil, alias El Profe, identificado como el comandante de la organización paramilitar Águilas Negras y fundador del desaparecido grupo armado de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con información oficial de organismos internacionales y un testimonio del testigo protegido con la clave César, quien detalló los nexos del recientemente fallecido Jefe de Jefes con una de las figuras representativas en el movimiento armado contrainsurgente de Colombia, desde la década de los noventa.
La información sobre la relación entre Vicente Castaño Gil y Arturo Beltrán Leyva forma parte de una investigación de la PGR (SIEDO/UEIDC/166/2009) sobre la red de servidores públicos que sirvieron de escudo para que los hermanos Beltrán Leyva edificaran en Morelos su principal refugio y, sobre todo, su centro de operaciones durante los últimos tres años.
Que los hermanos Beltrán Leyva –una escisión del cártel de Sinaloa– tenían socios en Colombia para el suministro de cocaína, era de dominio público. Lo que no se sabía era que uno de esos contactos era Vicente Castaño Gil, El Profe, cuyo paradero desconocen las autoridades colombianas.
Desde los años ochenta, grupos de empresarios colombianos trataron de defenderse de la guerrilla agrupada, primero, en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, luego, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), financiando a las AUC. Al paso del tiempo ambos extremos –derecha e izquierda– terminaron involucrados en el narcotráfico.
El negocio
La investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contra los exfuncionarios morelenses consta de 12 volúmenes. Si se apilan uno sobre otro, levantarían una columna de dos metros. Los acusados están en la prisión de Nayarit, algunos tratando de defenderse y otros presuntamente ampliando sus declaraciones sobre los tentáculos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
En el tomo seis, la PGR ha incluido el testimonio de César. Su nombre real –según algunos diarios editados en la Ciudad de México– es Javier Bargueo Urías, un empresario de Culiacán, quien ha aportado información a las autoridades en México y a una corte de Los Ángeles, California, mediante videoconferencias, desde hace por lo menos nueve años.
No se trata de un testigo protegido cualquiera. Fue él quien reveló los primeros detalles sobre el dinero que Arturo Beltrán Leyva suministraba a Joaquín El Chapo Guzmán –líder del cártel de Sinaloa– mientras estuvo preso entre 1993 y 2001 en el penal de alta seguridad de La Palma, hasta su fuga.
César ha participado en al menos 12 juicios contra 31 personas pertenecientes a la banda que aún comandan El Chapo Guzmán y Héctor El Güero Palma, otro de los míticos capos mexicanos.
Mientras El Chapo estuvo preso, Arturo Beltrán Leyva manejó parte de los negocios. Una de sus tareas era atender a su socio y líder de la contrainsurgencia colombiana. En los expedientes a los que tuvo acceso este semanario, César reveló que conoció a Arturo Beltrán Leyva entre 1997 y 1998 –cuando El Chapo estaba preso– en una fiesta organizada en una casa de seguridad ubicada en Querétaro, estado gobernado en ese entonces por Ignacio Loyola Vera, del PAN, criticado por percibir el sueldo más elevado del país para ese cargo: 214 mil pesos mensuales. Hasta el momento, no existe información en el sentido de que éste haya sido investigado por la presencia del narcotráfico en su entidad.
Sin precisar la fecha, César contó que Felipe de Jesús Mendívil y su esposa Olga Gastélum Escobar pasaron por él a un hotel. La pareja fue designada por el Jefe de Jefes para llevarlo a una reunión que se prolongó hasta poco después de las dos de la madrugada.
César comentó que tardaron entre 20 y 30 minutos en llegar a un fraccionamiento en “la zona de las lomas fraccionadas”. Ahí estaba refugiado en ese momento Beltrán Leyva, rodeado de gente armada. Uno de los encargados de coordinar la seguridad era Rafael Jaime, quien presuntamente pertenecía a la Policía Judicial Federal.
En la reunión había no menos de 20 personas, todos hombres. Arturo Beltrán Leyva estaba en un privado. Aun cuando había fiesta, el capo se daba tiempo para ir atendiendo citas. El informante tuvo que esperar sentado en un pequeño recibidor para verlo.
Jesús Mendívil y Olga Patricia Gastélum fueron detenidos por la PGR el 16 de enero de 2001 en Monterrey, Nuevo León, acusados de lavar dinero para el narcotráfico. Al ser capturados tenían en su poder 6 millones 785 mil dólares y un lote de joyas valuado por las autoridades en 75 millones de pesos. El dinero y las joyas –ocultos en maletas y bolsas del plástico– pesaron
Desde 1997 y hasta su detención, durante el gobierno del panista Fernando Canales Clariond, esta pareja habría efectuado 12 transacciones inmobiliarias en Nuevo León, según publicó entonces el diario El Norte. El arresto fue por casualidad: vecinos de la colonia Hacienda El Rosario, municipio de San Pedro Garza García –uno de los más ricos del país–, reportaron disparos en una vivienda. Los atraparon cuando trataban de huir.
No era la primera vez que los vecinos reportaban a las autoridades movimientos extraños en ese lugar; con frecuencia veían camionetas con cristales oscuros y placas de otros estados, pero nunca les hicieron caso. Incluso la policía ya había entrado una vez a esa casa para rescatar a un policía, Gabriel Vargas Aguilar, supuestamente secuestrado, pero las autoridades atribuyeron el incidente a una borrachera.
Así, la familia completa –con dos hijos menores de edad, uno de ellos armado con una pistola– cayó en manos de la PGR por un pleito familiar. Patricia Mendívil Gastélum, hija de los lavadores de dinero, estudiaba en el Tecnológico de Monterrey y asistía al mismo salón de clase que Mariana Canales Stelzer, hija del entonces gobernador.
Durante el gobierno del presidente Vicente Fox, el que fue el principal socio de El Chapo Guzmán controló lo estados de Guerrero, Chiapas, Veracruz, Colima, Sonora y, desde luego, Sinaloa.
El testimonio del testigo protegido César narra los movimientos de Arturo Beltrán Leyva en Querétaro y Nuevo León –ambos estados gobernados por el PAN– para cobrar una deuda de 7 millones de dólares a nombre del líder de la contrainsurgencia colombiana Vicente Castaño Gil.
La deuda mortal
En aquella fiesta de Querétaro, César notó que Beltrán Leyva mandaba a Felipe de Jesús Mendívil para que le llevara algún teléfono móvil o a decirles a las personas que hacían antesala que aguardaran un momento más.
César era uno de sus hombres de confianza. Por eso fue que esa misma noche, entre risas y copas, el capo le asignó una tarea especial: en los siguientes días debía ubicar al empresario Raúl Ángel Ibarra Celis para reunirse en privado, en algún lugar donde pudieran moverse.
El asunto era urgente. El Jefe de Jefes debía cobrar una deuda por 7 millones de dólares que ese empresario y otros dos, de apellidos Gómez de Castillo y Sánchez Castro, tenían con el líder de la contrainsurgencia colombiana, Vicente Castaño Gil.
Los tres empresarios vivían en Los Mochis, Sinaloa. No obstante, César sólo se encargaría de Ibarra Celis. Los demás serían buscados por otros miembros del cártel.
Tiempo después, el hoy informante de la PGR logró contactar a Raúl Ángel Ibarra Celis y le pasó el mensaje: el socio colombiano, El Profe, estaba exigiendo su dinero, y el encargado de cobrarlo era Arturo Beltrán Leyva.
La entrevista entre el capo y el empresario se pactó para un mes después en Monterrey, Nuevo León, justo donde operaba Felipe de Jesús Mendívil Ibarra.
César e Ibarra Celis viajaron juntos desde Sinaloa hasta Monterrey. La entrevista se realizó “en un hotel que antes había sido hospital para leprosos, el cual se encuentra sobre una loma o un cerro”, según describe el testigo protegido en el expediente consultado por Proceso.
Arturo Beltrán Leyva llegó escoltado por hombres armados; entre ellos iba Mendívil Ibarra, quien fue encargado de seleccionar el sitio más seguro.
Pero además de cobrar el dinero de su socio colombiano, el Jefe de Jefes aprovechó la ocasión para que uno de los proveedores del cártel le mostrara un lote de joyas. Para ello rentaron dos habitaciones, una para negociar y otra para comprar. Arturo Beltrán Leyva le ordenó a Felipe de Jesús Mendívil que le pagara al joyero 150 mil dólares. El lote le había gustado. “Están muy bonitas”, comentó al verlas.
Beltrán Leyva le exigió al empresario sinaloense que pagara 3 millones de dólares, menos de la mitad de la deuda. Raúl Ibarra Celis dijo que no disponía de esa cantidad en efectivo y ofreció en garantía su maquinaria pesada para la construcción.
El capo no aceptó. En lugar de la maquinaria le propuso platicar de nuevo con El Profe para que enviara más cocaína a México. Sólo que esta vez las ganancias se repartirían así: 50% para cubrir la deuda con su socio colombiano, 40% para Beltrán Leyva y el restante 10% para gastos de operación. El empresario no obtendría ni un dólar para él. Ante la presión del Jefe de Jefes, Ibarra Celis aceptó el trato.
Otro de los deudores, Gómez del Castillo, alias El Ronco, fue asesinado casi inmediatamente después de aquella reunión en Monterrey por evadir la renegociación de la deuda. Era el sello de la casa.
Los días de Ibarra Celis también estaban contados. En su afanosa necesidad de recuperar dinero, este empresario sinaloense habría tratado de traer a México más cocaína, pero de otro cártel colombiano. Al enterarse de esto, el comandante de la organización paramilitar de extrema derecha Águilas Negras pidió a su socio mexicano que lo ejecutaran.
El empresario fue acribillado en Los Mochis, Sinaloa, en la calle de Leyva casi esquina con Madero, de acuerdo con el testimonio de César.
“Paras” y narcos
Los hermanos Carlos Castaño Gil y Vicente Castaño Gil, El Profe, son los fundadores de las AUC. En 2006, el presidente colombiano Álvaro Uribe puso en marcha un plan de paz que implicaba desmovilizar a los paramilitares, otorgándoles algunos beneficios de ley a cambio de confesar los delitos que hubieran cometido.
De acuerdo con información de la prensa internacional, dos altos mandos de la contrainsurgencia colombiana, Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía, conocidos como Los Mellizos y fuertemente vinculados con el narcotráfico, estuvieron dispuestos a deponer las armas.
Miguel Ángel Mejía fue señalado como uno de los enlaces entre las mafias colombianas y mexicanas. De hecho, estuvo en la lista de los 12 narcotraficantes más buscados en Estados Unidos, en tanto que Víctor Manuel participó en la negociación de paz.
En ese proceso surgió la versión de que El Profe ordenó matar a su hermano Carlos Castaño, por el temor de que se entregara a la justicia de Estados Unidos y delatara a los jefes paramilitares por delitos de narcotráfico.
Al fracasar la negociación con el gobierno de Colombia, los grupos contrainsurgentes de extrema derecha regresaron a la clandestinidad. Entre ellos está El Profe, socio del cártel del narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva.
Para las autoridades colombianas, Vicente Castaño es un fugitivo y representa “el poder en la sombra” de las Águilas Negras. En Estados Unidos lo buscan por delitos relacionados con el trasiego de cocaína.
Las Águilas Negras surgieron tras la desmovilización de las AUC. El Profe está prófugo desde 2006, cuando el presidente Uribe ordenó el encarcelamiento de los exjefes del grupo paramilitar en la penitenciaría de máxima seguridad de Itagüí. Hay versiones en el sentido de que el comandante contrainsurgente estaría muerto, pero las autoridades colombianas no las han podido confirmar.
Adame “no controla ni su casa”
Álvaro Delgado
El gobernador panista de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, ha tenido una carrera política marcada por el escándalo derivado de su fanatismo religioso y por el auge del crimen organizado en esa entidad, pero también por presuntas conductas delincuenciales de su familia.
El hijo mayor del mandatario estatal, Armando Adame Alemán, cometió el delito de robo para, según él, pagar una extorsión de la que se dijo víctima, según la averiguación previa SC/3/341/05-01. Las pesquisas no prosperaron.
Y es que el robo perpetrado por Adame Alemán fue en contra de su propia familia: a su padre lo despojó de vales de gasolina por casi 5 mil pesos; una computadora lap top con valor de 25 mil pesos; un reloj digital de 5 mil y una grabadora de mil. También sustrajo una Palm propiedad de su hermano Juan Pablo.
De acuerdo con la averiguación previa iniciada el 19 de enero de 2005, cuando Adame Castillo era senador y precandidato a gobernador, los objetos robados por Armando a su padre y a su hermano fueron entregados como pago de una extorsión a un sujeto que había sido su compañero en el colegio donde ambos estudiaban la preparatoria abierta.
Conforme a la denuncia que Adame Alemán presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, un tal Carlos Enrique Rodríguez lo convenció de vender joyería de plata y le entregó un kilo de ese metal. El negocio no funcionó y Armando decidió finiquitar la sociedad.
La deuda contraída por Adame Alemán creció por los réditos abusivos impuestos por su socio, según su propio testimonio. Para pagarla, aseguró, tuvo que robar a su padre y a su hermano –militantes, como él, del PAN–, y sólo hasta que cayó enfermo le informó de estos hechos a sus padres, quienes lo enviaron a presentar la denuncia.
El policía que comenzó a investigar la extorsión de la que Adame Alemán dijo ser víctima fue el comandante Héctor Humberto Miranda Pizarro, quien trató de interrogar al muchacho y al propio senador Adame, pero no pudo localizar a ninguno de los dos. La familia se desistió de la denuncia.
“A las dos semanas, la familia me pidió que ya no siguiera la investigación porque no pude contactar con el senador y el hijo tampoco estaba a la vista”, recuerda el policía. Un año después, el 5 de abril de 2006, Miranda Pizarro participó en el operativo de detención de una banda de robacoches, cuyos compradores fueron identificados como Los Perros (Proceso 1543).
Uno de los detenidos, el menor de edad Jorge Ramírez García, identificó a José Luis Adame Castillo y su hijo Luis Manuel Adame Tapia como los compradores de automóviles robados y condujo a la policía al domicilio de ambos, en el poblado de San Carlos, en Yautepec, Morelos.
Agentes de la Policía Ministerial procedieron al trámite de rutina: subieron a los detenidos –cuya identidad desconocían– a un vehículo oficial para presentarlos en Cuernavaca ante la procuraduría estatal, acusados de los delitos de robo y asociación delictuosa.
Pero en el camino José Luis Adame Castillo se identificó como hermano del candidato a gobernador y se le dieron “facilidades” para hacer y recibir llamadas telefónicas, al cabo de las cuales, repentinamente, los policías recibieron una orden: abortar el operativo y regresar a los detenidos a su domicilio.
Pocos días después, 11 de los 13 policías que participaron en el operativo, encabezados por Miranda Pizarro, fueron detenidos y consignados por abuso de autoridad, pese a que la orden de dejar libres a los Adame provino –según el comandante– de la entonces procuradora Claudia Aponte y del gobernador Sergio Estrada Cajigal.
Adame Castillo, quien heredó de los hermanos Serrano Limón el Movimiento Testimonio y Esperanza –uno de los organismos de fachada de El Yunque–, aseguró que su hermano y su sobrino fueron torturados, acusación que siempre negaron los policías involucrados en el operativo.
“No solamente tiene un hermano (señalado como delincuente), sino también un hijo que lo roba”, aseguró Miranda Pizarro al reportero, y sentenció: “El buen juez por su casa empieza, y si el senador no tiene control de su casa, menos va a tener el control de un gobierno.”
Nada cambia: opera ya el sucesor de “El Teo”
Investigaciones Zeta
De acuerdo con informes de inteligencia, antes de ser capturado, El Teo reestructuró su grupo y dispuso que en su ausencia el nuevo capo sería su hermano Manuel, El Chiquilín. Se sabe también que éste aseguró a sus colaboradores que no habrá mayores cambios en sus operaciones de transporte de droga, ajustes de cuentas, levantones y cobros de plaza… A continuación reproducimos, con la autorización debida, el reportaje publicado el viernes 15 por el semanario tijuanense Zeta, en el que se revelan las alianzas que le dieron relevancia a El Teo en el crimen organizado de la península de Baja California.
Al momento de la detención de Eduardo Teodoro García Simental, El Teo, en su casa de La Paz, Baja California Sur, lo acompañaba su esposa, una joven de poco más de 20 años, y la hija de ambos. Un día antes habían celebrado el cumpleaños de la menor. Había en la casa pastel, regalos y globos.
De hecho, las autoridades mexicanas, en colaboración con la agencia antidrogas de Estados Unidos, lograron la ubicación del capo más sanguinario del cártel Arellano Félix cuando siguieron a un pariente que acudió a visitarlo. La ventaja para la ley fue que esta persona utilizó los medios de transporte normales para llegar a La Paz.
A diferencia de El Teo, quien en Baja California y Baja California Sur se trasladaba en avionetas –tenía dos para su servicio–, su familiar llegó adquiriendo boletos de avión en aerolíneas comerciales. Así lograron identificarlo.
El método para ocultarse que utilizaba el delincuente sólo lo conocía esta persona. Incluso para comunicarse con otros integrantes de su célula delictiva utilizaba canales de comunicación independientes a través de una cadena de personas que desconocían la ubicación unas de otras. Ni Raydel López Uriarte, El Muletas, conocía la ubicación de su jefe ni éste la de aquél. Entre ellos tenían dos emisarios para hacerse llegar mensajes.
Pero el pariente de García Simental cometió el error de saltarse el protocolo de seguridad del narcotraficante y viajar de manera normal a La Paz. Sólo así pudieron detenerlo.
Los policías federales confiscaron también fotografías, documentos y computadoras que les proveyeron indicios sobre la estructura criminal de García Simental. A pesar de que a estas alturas El Teo ya declaró ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), ningún domicilio ha sido cateado en Tijuana, Baja California. Tampoco se han congelado cuentas o confiscado dinero, como sucedió cuando detuvieron a Ángel Jácome Gamboa, El Kaibil, quien servía a García Simental y a quien le fueron cateadas 15 casas de seguridad en una sola noche, o cuando fue apresado Francisco Javier Arellano Félix y las autoridades estadunidenses le obligaron a entregar su fortuna de 50 millones de dólares.
En México, con la detención de El Tres Letras no hubo seguimiento inmediato para la confiscación de bienes, aseguramiento de dinero, armas y droga. Además, autoridades ajenas a la Policía Federal y a los elementos de la Armada, responsables del operativo de captura, confiaron a Zeta que, aparte, al Teo le fueron decomisados 6 millones de dólares.
Relevo en el mando
Aún no llegaba Teodoro García Simental a la Ciudad de México para ser presentado por las autoridades, cuando al mediodía del martes 12 de enero, infiltrados de las corporaciones policiacas en la estructura del cártel Arellano Félix ya lo sabían: Manuel García Simental, El Chiquilín, A7, El Toro, El Torito, Manolo, José Manuel, El Profe o El Teacher, asumió el mando criminal que hasta ese día ostentó El Teo.
Explicaron a Zeta los informantes: “El Chiquilín ya habló con los señores, les dijo que del lado del Teo las cosas siguen igual: el trasiego, los contactos, las cabezas de célula, el ajuste de cuentas, que todo está tranquilo y nada cambia”.
Detallaron:
“No hubo pleito de El Chiquilín con El Muletas porque aunque El Gil (Gilberto Sánchez Guerrero) dijo que López Uriarte se estaba preparando para suceder a su compadre, saben que no lo traicionó; que al Teo lo agarraron por un error de su familia.”
Ante este escenario también es una realidad que no habrá cambios en el tono sangriento de la pugna que dicha célula enfrenta desde el 11 de diciembre de 2009 en Tijuana con el lugarteniente al servicio de Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, de apellido Sillas, conocido como Ruedas o Mauricio, que hasta el 14 de enero contabilizaba ya 167 ejecuciones; 109 sólo en diciembre de 2009 y 58 en 14 días de enero.
Los mismos policías informaron que los cabecillas del cártel, a decir de ellos empresarios al servicio de Sánchez Arellano y Manuel Aguirre Galindo, El Caballo, aceptaron el planteamiento de José Manuel García Simental. Esa célula criminal continúa en la estructura del cártel Arellano Félix.
Como muestra de la continuación de ejecuciones en la ciudad y del poderío de la célula de García Simental, asesinos dejaron una cartulina con la leyenda “El Teo sigue mandando” sobre el cadáver de José Brayan Salazar, asesinado la madrugada del 13 de enero en la zona centro de Tijuana.
Organigrama
La célula delictiva a cargo de El Teo estaba preparada “por si él llegaba a faltar”. Ángel Jácome Gamboa, El Kaibil, declaró el pasado 3 de marzo en la averiguación previa PGR/BC/TIJ/632/09-M-VII tener como oficio “jefe de escolta de El Teo”, y agregó: “El Teo es el que se dedica al tráfico de droga, y su mano derecha en eso es su hermano”.
Al ser interrogado respecto al organigrama de esa célula delictiva, describió: “Está integrada por El Chiquilín, siendo la función de éste apoyarlo en lo que le ordene, siendo éste el segundo de a bordo de El Teo; El Muletas, quien es el que se encarga también de apoyarlo, es el tercero de a bordo, ya que así lo ha expresado el mismo Teo, que si llega a faltar, el que está más capacitado de ellos dos es el que se queda al mando del cártel, ya que uno es su hermano y el otro su compadre; El Ruco, quien se encarga del cobro de plaza y de su gente al mando para apoyar al cártel, y de ahí sigo yo, El Kaibil y/o R10 y/o El Pintor, quien principalmente, como ya lo dije, me encargaba de la seguridad y escolta de El Teo, pero de igual forma tenía derecho al cobro de plaza, levantones, ejecuciones para cuidar la plaza, y trabajar trasiego de mariguana, ocasionalmente algún secuestro; El Patotas, quien es el cuñado de El Teo, quien se encarga de igual forma del cobro de plaza, levantones y ejecuciones para cuidar la plaza...”.
Después, en junio 2009, cuando en dos operativos diferentes fueron detenidos Filiberto Parra Ramos, La Perra, de Orlando Santaolaya Villarreal, El Chuletas, y Ramiro Ramírez, El Rambo, sus declaraciones coincidieron: que en septiembre de 2008 El Tres reunió a seis de sus sicarios más cercanos e instruyó un reacomodo. Ordenó que en su ausencia temporal o permanente El Chiquilín sería el jefe, seguido de El Muletas, y que sólo ellos podrían dar instrucciones. Los demás tendrían que rendirles cuentas.
Con El Chiquilín a la cabeza, de acuerdo con información de las autoridades locales, la estructura de la célula criminal del cártel Arellano Félix quedaría así:
1.- Raydel López Uriarte, El Muletas. Tras la captura de Gilberto Sánchez Guerrero sigue protegido por policías municipales. Bajo su mando como ejecutores y controladores de plaza, aseguran que conserva a los expolicías Jesús Israel de la Cruz López, El Tomate; Blas Enrique Leyva Esparza, y Juan Diego Alcaraz Muciño, El Yeyo. Los dos primeros señalados desde abril de 2009, fueron incluso acusados por Ángel Jácome Gamboa, El Kaibil; Filiberto Parra Ramos, La Perra; Marcos Assemat Hernández, y Luis Ramírez Vázquez, El Güero Camarón. Otro hombre de López Uriarte: un exministerial de apellidos Benavides Herrera.
2.- El Ruco (un hombre de apellido Montes de Oca). Rasgos indígenas y más de 40 años. Continúa con su labor de brazo financiero; lleva el control del dinero que sale de las tienditas y lo que compran en armas, equipo de seguridad y acondicionamiento de vehículos. Además, hace llegar dinero a las familias de los lugartenientes. Este hombre conoce el paradero de la mayoría de los integrantes de la célula.
Con territorios delictivos más pequeños, pero también en la estructura de la célula García Simental, se identifica oficialmente a los siguientes:
3.- Sergio. Encargado de recibir en Ensenada la droga procedente de Sinaloa y trasladarla hacia Rosarito y Tijuana.
4.- Armando Robles, cuñado de El Teo. El Patotas, casado con una de las hermanas del sicario. Este hombre forma parte de las investigaciones de la PGR desde junio de 2004, cuando fueron apresados Efraín Pérez Pazuengo, El Efra, Jorge Aureliano Félix, El Macumba, y 20 delincuentes, incluidos agentes ministeriales. Según el reporte de la procuraduría federal de hace seis años, El Efra; como guardaespaldas y lugarteniente de Benjamín Arellano, tenía entre sus colaboradores de célula a Armando Robles, Mario Alberto Rivera López, (Marco Antonio García Simental) El Cris u 8-9, hermano del Teo, y al mismo Eduardo Teodoro García Simental, a quien en ese entonces apodaban Escrúpulos por su costumbre de mencionar repetidamente la frase “hay que pegarles sin escrúpulos”.
5.- José Antonio, alias El Tigre. Sinaloense y compadre de El Teo, que hace las veces de contacto con el cártel de su estado natal, para el trasiego, compra y venta de mariguana, a través de las rutas protegidas por los García Simental. También está incluido en la investigación contra Pérez Pazuengo; en aquel entonces su función era “liquidar gente” por órdenes de El Efra.
6.- Noé Benjamín Rodríguez Martínez. Alias José Martínez, El Choco, El Secre o El Director, era el asistente personal de El Teo. En septiembre se le concedió permiso para recibir y dar instrucciones a nombre de los García y le asignaron el control criminal en Ensenada.
7.- Líderes de células criminales. Al servicio directo de El Chiquilín, El Chapito, Jesús Rangel Peña, El Enano, y Paúl Salomón, El Paúl, apoyado por su cuñado José Tomás Camarena Valenzuela.
8.- Humberto Acosta Gallegos, El Leches. Continúa como encargado de Tecate, a las órdenes de El Chiquilín. Bajo la tutela criminal de Acosta están, como operadores, Cristian Ruelas y el expolicía estatal preventivo Francisco Javier Copetillo Angulo.
El mismo día en que capturaron al Tres Letras, en Tecate, el Ejército Mexicano anunció la aprehensión de José Manuel Gómez Altamirano, El Duvalín, El Pepe o El Meño, “encargado de cobrar la plaza” por órdenes, precisamente, de Acosta. Lo detuvieron en las inmediaciones del club Mi Ranchito, en Tecate, junto a Jorge Ignacio Estrada Camargo, El Chichi, a quien identificaron como sicario procedente del cártel de Sinaloa que comanda Ismael El Mayo Zambada.
9.- Los hermanos Bartolomé y Antonio. De apellidos Jácome Gamboa, así como Héctor Eduardo Guajardo Hernández, El Güicho, son ubicados en el organigrama de El Chiquilín como operadores en Rosarito. Bartolomé fue detenido con su hermano El Kaibil en marzo del año pasado y posteriormente liberado.
Alianza “con Sinaloa”
En cuanto a la relación de los García Simental con el cártel de Sinaloa, en su momento Ángel Jácome Gamboa declaró: “La droga del cártel, a lo que escuché, viene de Sinaloa y llega en avioneta a las afueras de Ensenada… de ahí la movemos en carros para Tijuana con la protección de la Policía Municipal de Rosarito y de la Policía Federal División Caminos”. Al encargado de estos traslados las áreas de inteligencia en Baja California lo identifican sólo con el nombre de “Sergio” y mencionaron también a El Tigre, con familiares dentro del otro cártel, supuestamente rival.
Ángel Jácome, El Kaibil, declaró que cuando se hizo pública la presunta liga de El Teo con los sinaloenses, él le preguntó y su entonces jefe le respondió que en la lucha contra los grupos de Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, estaban “trabajando con sus propios recursos y que ya se había preparado para este tipo de eventos sin que recibiera apoyo de ningún otro cártel”.
Y respecto al otro grupo de mafiosos le comentó que únicamente “tenía un conocido allegado: Zambada”.
En el mismo tema, Filiberto Parra Ramos, La Perra, aseguró que Eduardo García Simental servía como puente con la organización de El Mayo Zambada, que las células de El Teo cuidaban el paso de su droga por Baja California y le compraban enervantes. Explicó que tenía esa información porque lo había escuchado hablando por teléfono.
En lo federal, los expedientes de la PGR ligan a la gente de Efraín Pérez Pazuengo con los operadores de los hermanos Ismael y Gilberto Higuera Guerrero, que dejaron a los Arellano para irse con El Mayo.
“El 80% de Los Mayeles se alió con Sinaloa; los otros son ahora Los Teos, por eso están protegidos en San Quintín y San Vicente, que eran los territorios de Ismael Guerrero; sin embargo, han tenido dificultad para establecer conexiones con los distribuidores de droga en Colombia porque Los Mayeles no les han permitido pasar mariguana y cristal en cantidades controladas, para evitar que adquieran poder. No han podido, ni les conviene en este momento, separase del cártel de los Arellano Félix”, explicó un investigador del área de inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California.
Los investigadores reiteraron: “Después del enfrentamiento que tuvo El Teo con El Ingeniero el 26 de abril de 2008, García se fue de Baja California por dos meses; en ese tiempo pidió a sus contactos en Sinaloa que le consiguieran una reunión con gente de El Mayo y El Chapo. El Tigre lo acercó, y ahí llegaron a un acuerdo. García les abrió rutas protegidas en su territorio para que pasen la cocaína a Estados Unidos, y a cambio ellos le abrieron una rutita para pasar mariguana y cristal y le dieron contactos limitados con Sinaloa para que compraran mariguana. El cristal provenía de Michoacán, de personas ligadas a La Familia; también le ofrecieron apoyo económico si lo necesita, pero lo mantuvieron limitado para que no les creciera en su territorio”.
Autoridades sospechosas
La madrugada del 12 de enero centenares de policías federales y elementos de la Armada llegaron hasta las inmediaciones de la residencia. Los vecinos sólo recuerdan entre sueños haber escuchado el ruido de las hélices de los helicópteros que sobrevolaron la zona. No hubo enfrentamiento alguno. A las 5:30 de la mañana el capo dormía. Fue despertado con una explosión que abrió la puerta de su casa y disparos al aire.
Minutos después, con El Teo asegurado, lo mismo que su compinche Diego Raymundo Guerrero Gómez, por lo menos unos 400 elementos federales y de la Armada rodearon el fraccionamiento de lujo en La Paz. Nadie podía salir de la zona, tampoco entrar.
De la mansión fueron sacadas las valijas que, explicaron, contenían computadoras personales, celulares, fotografías y una gran cantidad de documentación con nombres de los principales operadores de su organización y de sus protectores. En Baja California Sur las autoridades conocen la versión de que, aunado a los archivos de García, en su declaración ante la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) habría proporcionado nombres de agentes y autoridades que le permitieron vivir en la impunidad en La Paz.
De hecho, algunos de los vecinos del narcotraficante ostentan cargos públicos; otros son notarios, abogados, empresarios y políticos de partido y de gobierno. Pero en ningún momento reportaron una situación irregular o sospechosa en la casa marcada con el número 710.
Según información proporcionada a Investigaciones Zeta por algunos vecinos consultados, y quienes pidieron que no se hiciera público su nombre, la casa de El Teo era frecuentada por policías y vehículos oficiales. Explicaron que se les veía entrar por la cochera, esperar la señal de apertura de la casa y acceder finalmente a la propiedad.
Sobre la captura de Teodoro García Simental, El Teo, el gobierno de Baja California Sur ha guardado silencio. No es gratis el hermetismo, considerando que la información anota que por lo menos desde hace un año el criminal al servicio del cártel Arellano Félix utilizaba la residencia de manera esporádica para ocultarse. Las autoridades federales presumen que El Teo tejió su red de corrupción entre las corporaciones policíacas en Baja California Sur.
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Publica federal, confirmó que ya se han iniciado investigaciones sobre la protección de las autoridades locales a El Teo.
Baja California Sur es gobernada por el perredista Narciso Agúndez Montaño; su secretario de Gobierno es Luis Armando Díaz, y el de Seguridad, Lenin Rodríguez.
De acuerdo con las autoridades federales, la investigación sobre colusión de funcionarios y policías para proveerle seguridad a García Simental iniciaría con el procurador general de Justicia del Estado, Fernando González Rubio Cerecer, y con el director de la Policía Ministerial, Irineo Collins.
El periodismo en México desprotegido y en peligro
J. Jesús Esquivel
En Colombia –país de donde el gobierno de Felipe Calderón importa políticas y tácticas de combate al crimen organizado– costó mucho tiempo y muchos muertos comprender que la prensa ayuda a mantener el control social sobre las fuerzas armadas y a revelar la penetración del crimen organizado en las instituciones públicas y privadas. Sin embargo, en México se sigue desprotegiendo, cuando no hostigando a los periodistas, dice en entrevista la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero.
WASHINGTON.- El asesinato de periodistas a manos del crimen organizado es un problema creciente en México, y la respuesta básicamente militar del gobierno aumenta el riesgo que corren los comunicadores, asegura Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La respuesta militar del Estado al problema del narcotráfico puede convertirse en un problema mayor, porque la mayoría de los ejércitos que no han sido entrenados en la lógica de derechos humanos piensan en términos amigo-enemigo”, dice Botero en entrevista con Proceso.
La relatora de la CIDH afirma que en el continente hay mucha preocupación por los asesinatos y las desapariciones forzadas de periodistas en México, igual que por la falta de disposición del gobierno para brindarles más protección.
“El problema que está enfrentando México es probablemente uno de los más importantes para la libertad de expresión que tenemos en toda la región”, sostiene Botero, quien antes de llegar a la relatoría fue magistrada auxiliar en la Corte Suprema de su natal Colombia, donde también dirigió la Oficina Nacional para la Promoción de los Derechos Humanos.
“Cuando el ejército piensa así, bajo los términos amigo-enemigo, el que escribe contra ti es tu enemigo, y si es tu enemigo es amigo de tu enemigo, por lo tanto es narco”, explica.
De esta forma, “el periodista no sólo termina siendo el blanco del narcotráfico, de la criminalidad organizada y de las mafias, sino también el blanco de quienes los están combatiendo. Y sobre todo cuando el periodista además investiga los abusos de derechos humanos que se cometen en esa lucha”, puntualiza.
Protección necesaria
La tortura y asesinato de Valentín Valdés Espinosa, reportero del diario Zócalo de Saltillo, que ocurrió el jueves 7 presuntamente a manos del narcotráfico, provocó que la relatora Botero hiciera un nuevo llamado urgente al gobierno de Felipe Calderón:
“La Relatoría Especial exhorta a las autoridades mexicanas a fortalecer en forma urgente los cuerpos de investigación abocados al esclarecimiento de esta clase de crímenes, e insta al Estado mexicano a crear mecanismos especiales de protección que respondan en forma adecuada y efectiva a la grave situación de riesgo que sufren los periodistas en ese país, particularmente en la zona de la frontera norte”, dice el comunicado de prensa que emitió la oficina de Botero el lunes 11.
La relatora de la CIDH subraya que el crimen organizado necesita la clandestinidad para funcionar y crecer. “Los principales enemigos de la clandestinidad son los periodistas, los buenos periodistas, los periodistas que no tienen miedo, que hacen periodismo de investigación y alertan a la sociedad sobre la existencia de las mafias”, apunta.
La situación de la prensa mexicana que investiga y difunde la problemática del narcotráfico, dice Botero, empeora cuando los periodistas dan a conocer los abusos a los derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad encargadas de combatir a los criminales.
Esa situación es particularmente peligrosa: “Ahí el periodista está perdido, está en el peor de los mundos”, enfatiza Botero.
Con la excepción de Colombia, en los países de América Latina no existen mecanismos necesarios y eficientes para brindar protección a los periodistas, comenta.
“En Colombia costó mucha sangre y, de alguna manera, una fuerte presión internacional para que el Estado reconociera la importancia de crear un Comité de Protección de Periodistas, al cual hay que invertirle mucho dinero”, señala.
–¿Existe en este momento una presión internacional para que en México se conforme un comité como ése? –pregunta el reportero.
–Hay que entrenar a todas las fuerzas de seguridad para que abandonen la teoría amigo-enemigo y entren en una teoría de lucha contra la criminalidad en un Estado democrático.
En la opinión de Botero, en el contexto del combate militarizado contra el narcotráfico como el que se realiza en México, la importancia de la prensa radica en que ayuda a establecer controles sociales para que el Estado rinda cuentas en materia de defensa de los derechos humanos.
“Uno no puede afrontar esa lucha con las mismas reglas criminales con las que actúan los narcotraficantes, y la única manera en que no haya abusos es que haya controles. Y el principal control es el que da la prensa”, enfatiza.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ya le ha planteado al gobierno de Calderón la necesidad de crear un comité para la protección de periodistas en México. Botero dice que incluso el gobierno federal recientemente le informó que se evalúa la posibilidad de crearlo, aunque no hay fechas establecidas.
En Colombia, el Comité para la Protección de Periodistas actúa rápidamente cuando recibe un aviso de que está en riesgo la integridad física de un informador:
“Se envía a las fuerzas de seguridad a crear cordones de protección para el periodista y su familia. Tienen la orden de hacer todo lo que se tenga que hacer y eso obviamente cuesta una fortuna. Es claro que mantener las libertades en un conflicto como el que se está viviendo en México cuesta plata, pero eso es lo que cuesta la democracia”, dice Botero.
Duro aprendizaje
La relatora Catalina Botero confiesa que su labor es muy ardua porque es difícil convencer a los gobiernos de que deben hacer algo similar o igual a lo que hizo Colombia para defender a la prensa.
“Para el caso de México, esperamos que se fortalezca la fiscalía para la protección de periodistas (la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, de la Procuraduría General de la República), ya que creemos que es importante evaluar si esa fiscalía en este momento tiene capacidad institucional para actuar; porque la situación merece unos cuerpos de investigación que puedan actuar de manera rápida, sólida, eficiente y técnica”, señala.
No se trata de una necesidad secundaria, aclara la relatora especial:
“Entendemos la situación de un país acosado por una mafia de ese tamaño, pero nosotros creemos que una de las prioridades del Estado mexicano tiene que ser la defensa de los periodistas y de la prensa.”
El reportero le pide su opinión a Botero sobre el efecto que tiene en la prensa mexicana un caso como el asesinato de Valdés Espinosa.
–La autocensura es la condición para que el crimen organizado se desarrolle, pero además para que logre permear a otras instituciones: a las privadas y a las públicas. El silencio, el secreto, cuando la sociedad no habla sobre ese tema, genera el clima perfecto para que el crimen organizado pueda cooptar a las otras instituciones.
–¿Cuánto tiempo le costó a Colombia entender la importancia social de proteger a la prensa que estaba amenazada por el narcotráfico?
–Muchos años y muchos muertos, pero ya está (aprendida) esa experiencia.
–¿A México le está costando entenderlo?
–Yo creo que el Estado mexicano necesita hacer un esfuerzo mayor para entender la importancia de la libertad de expresión, sobre todo en estas circunstancias. Eso no es un lujo, a la delincuencia no sólo se le combate con armas, sino también haciendo público lo que sucede; controlando las decisiones de la administración y poniendo en alerta a la sociedad donde eso está pasando.
La relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH visitará México en las próximas semanas para volver a plantearle directamente al gobierno de Felipe Calderón la urgente necesidad de que se brinde una mayor protección a los periodistas y para exigir el esclarecimiento de asesinatos como el del reportero Valdés Espinosa, del periódico Zócalo.
Balas contra la prensa
Arturo Rodríguez García
SALTILLO, COAH.- Con el homicidio del reportero Valentín Valdés Espinosa, del diario Zócalo de Saltillo, cometido el jueves 7, ya son 65 los periodistas asesinados en México en la última década.
Hasta ahora, en Coahuila dos asesinatos y la desaparición no esclarecida del reportero Rafael Ortiz Martínez, del periódico Zócalo de Monclova, en julio de 2006, se han atribuido a la delincuencia organizada, pero los cuerpos de seguridad pública también han incurrido impunemente en agresiones e intimidaciones a periodistas.
La muerte de Valdés Espinosa provocó reacciones de organismos defensores de los derechos humanos, así como del obispo Raúl Vera López, quien el sábado 9 ofició la misa de cuerpo presente para el reportero y en su sermón calificó de vergonzoso que México sea el país con más asesinatos de periodistas.
“No podemos resignarnos –dijo Vera–; (los periodistas) no pueden estar viviendo y realizando su trabajo con el riesgo constante de ser agredidos.”
La primera reacción del gobernador del estado, Humberto Moreira Valdés, fue calificar como fracasada “la guerra” de Felipe Calderón contra el narco, a la que atribuyó los numerosos asesinatos que padece el país, entre ellos el de Valentín Valdés. Añadió que mientras Calderón conduce esa lucha desde la comodidad de Los Pinos y protegido por mil militares, a la región lagunera, una de las más violentas del país, envió 300 soldados.
El jueves 7, alrededor de las 22:30, Valentín Valdés y otros dos reporteros salieron de la redacción de Zócalo en un auto de la empresa.
Rumbo a la casa de Valdés transitaban por el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la colonia República, cuando se les cerraron dos camionetas con unos 10 hombres armados. Fueron bajados del carro.
El comando se llevó a Valdés, a otro reportero y el auto del periódico. El conductor fue golpeado y abandonado en la calle; una hora después pidió que lo recogieran en la carretera antigua a Arteaga.
Cerca de la 1:00 de la madrugada, el cuerpo de Valdés fue localizado en el bulevar Fundadores, a un costado del hotel Marbella, donde anteriormente se realizaron dos operativos en los que el Ejército detuvo a 15 personas.
Al llegar al sitio los policías reconocieron de inmediato al reportero, pues desde el inicio de su carrera cubrió la fuente policiaca. Sólo tenía unos meses de estar asignado a la cobertura de la fuente local y las actividades del gobernador Moreira.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el cuerpo de Valentín Valdés tenía cinco balazos, cuatro de ellos calibre .38 súper y otro calibre .223. Tenía signos de tortura y un mensaje escrito en una cartulina: “Esto les va a pasar a los que no entiendan. El mensaje es para todos”.
Aunque el fiscal general del estado, Jesús Torres Charles, anunció que revisarían las publicaciones recientes de Valdés Espinosa, dio a conocer que el asesinato sería turnado a la PGR, pero hasta ahora no se ha informado qué instancia lleva la investigación.
Como la mayoría de los diarios en el norte, en Zócalo de Saltillo no se firma la información sobre la delincuencia organizada. Sin embargo, el hotel donde fue arrojado el cuerpo de Valdés fue escenario de dos operativos recientes del Ejército y la policía, que el diario difundió bajo la firma de “la redacción”.
Zócalo de Saltillo es uno de los diarios integrantes de Grupo Zócalo, propiedad de la familia Juaristi Septién, que posee otros periódicos en Piedras Negras, Ciudad Acuña y Monclova, además de emisoras de radio y operadoras de televisión por cable.
El 8 de julio de 2006, en Monclova, el reportero y conductor de noticiarios de Grupo Zócalo Rafael Ortiz Martínez desapareció con todo y su vehículo. Hasta ahora se desconoce su paradero.
Según sus compañeros de trabajo, por esos días Ortiz investigaba la trata de personas y la prostitución en el centro de la ciudad, pero las autoridades no pudieron confirmar dicha versión. Cuando se informó a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en contra de Periodistas de la PGR, se esperaba que ésta abriera una averiguación previa, pero jamás se investigó la desaparición, según dijo el fiscal estatal Jesús Torres Charles a este reportero, cuando se cumplió un año de los hechos.
El 26 de mayo de 2009, en la parte duranguense de La Laguna, fue asesinado el reportero Eliseo Barrón Hernández, quien cubría la fuente policiaca para el diario La Opinión-Milenio y para el canal de televisión que opera en Torreón el Grupo Multimedios.
El 12 de junio, fuerzas federales detuvieron a Israel Sánchez Jaimes o Israel Sánchez Jiménez, José Pedro Jáuregui Jiménez, Raúl Francisco Rodríguez Valderrama, Víctor Alfredo López Ramírez y Óscar Cárdenas Castillo, supuestos zetas a quienes la PGR responsabilizó por la muerte de Barrón.
El 22 de julio se les dictó el auto de formal prisión, pero no se ha dado a conocer si hubo más implicados, los motivos del crimen ni el estado del proceso contra los presuntos responsables.
Pinza militar y policiaca
Los reporteros de Coahuila enfrentan otros peligros: los excesos del Ejército y de los cuerpos de seguridad.
El 7 de agosto de 2007, en Monclova, un grupo de militares privó de la libertad e incomunicó durante casi 16 horas a Manuel Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego Osorio, reporteros de Zócalo, así como a Jesús Arnoldo González Meza, de La Voz, y José Alberto Rodríguez Reyes, de Núcleo Radio Televisión Canal 4.
Eran las 22:30. Los reporteros de la fuente policiaca se dirigían a cubrir lo que parecía un operativo militar, pero al llegar vieron que el convoy se dirigía a su cuartel y se retiraron; sin embargo, calles adelante fueron interceptados por soldados, que los ataron e interrogaron. Posteriormente los acusaron de pertenecer a una célula del crimen organizado, pero finalmente se demostró la falsedad del cargo y quedaron en libertad bajo fianza.
El 30 de octubre de 2009, los reporteros Magda Guardiola, de Imagen, y Karina López y Víctor Ventura, de Zócalo de Saltillo, fueron encañonados por un agente del Grupo Especial de la FGE cuando cubrían un enfrentamiento verbal entre agentes de esa corporación y policías municipales de Saltillo.
Luego, el 24 de noviembre, al cubrir un robo bancario, fue encañonado por agentes de ese Grupo Especial el reportero Miguel Reyna, de la agencia Infonor, a quien dejaron ir tras despojarlo de su credencial de elector.
En Torreón, un día después del asesinato de Eliseo Barrón, aparecieron unas mantas con amenazas colgadas de las instalaciones de Televisa Laguna, del museo La Casa del Cerro y de una emisora de radio. Una de ellas decía: “Ya estamos aquí periodistas, pregúntenle a Eliseo Barrón. ‘El Chapo’ y Cártel del Poniente no perdonan”.
Otra: “Esto es para toda la prensa y sus periodistas por meterse con el ‘Chapo’ Guzmán y su patrón Felipe Calderón, autor intelectual de muchos sucesos que todos saben, sigan mandando soldaditos pa’ matarlos. No se metan con el Cártel del Poniente y a ver cuando me vuelven a ver. Atte. ‘El Chapo’ Guzmán y el Cártel del Poniente y Aliados”.
Sin embargo, la PGR atribuyó el asesinato de Barrón a Los Zetas.
Asimismo, el 18 de agosto fue baleado el edificio de El Siglo de Torreón, pero sólo se registraron daños materiales.
Desde 2007 las redacciones de los diarios coahuilenses reciben llamadas anónimas que prohíben publicar tal o cual nota relacionada con la delincuencia organizada, según le han confiado a este reportero directivos de varias casas editoriales.
Tras el asesinato de Valentín Valdés, el miedo paralizó a los medios. A diferencia del caso de Eliseo Barrón y otros, cuando la prensa local ha protestado, esta vez la información apenas se difundió. Fue más amplia la cobertura de medios nacionales y extranjeros, mientras que los reclamos los hicieron el obispo Raúl Vera López, Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa, el sindicato de La Jornada, la CIDH y la CNDH, que anunció una investigación de oficio. La televisión local ni siquiera trató el caso.
El viernes 8, el diario afectado, Zócalo de Saltillo, informó en sus ocho columnas del asesinato de su reportero, pero el sábado 9 y el domingo 10 destinó sólo pequeñas notas de seguimiento a las exequias. No asistieron directivos del diario al velorio ni al entierro.
Para el lunes 11, el asesinato había desaparecido de las páginas de los diarios locales. Proceso intentó comunicarse con la familia Juaristi, propietaria del Grupo Zócalo, pero no hubo respuesta.
Calderón rechaza la supervisión de la ONU
Jorge Carrasco Araizaga
El gobierno de Felipe Calderón se muestra renuente a que relatores de Naciones Unidas visiten el país para documentar los saldos de su guerra contra el narcotráfico, que ha dejado innumerables bajas y ejecuciones extrajudiciales que implican a elementos del Ejército. Sin embargo, a principios de marzo la administración federal deberá entregar un informe a la ONU, en Nueva York, sobre el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que debió presentar desde 2004.
El gobierno de Felipe Calderón obstruye los intentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para someter a escrutinio su llamada guerra contra el narcotráfico. Por lo pronto, ya logró posponer la visita del relator especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Philip Alston, y reservó por 12 años un reciente informe del organismo sobre la tortura en el país.
Por más de un año, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) maniobró para impedir la visita de Alston, quien pretendía presentar ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, en Ginebra, un informe sobre el creciente número de ese tipo de muertes en México, incluidas las que han cometido los militares y aquellas que han sufrido los activistas sociales.
A diferencia de Colombia, Guatemala, Kenia o la República del Congo, adonde Alston viajó el año pasado para informar a la ONU sobre los asesinatos extrajudiciales en esos países, México se opuso desde
Para entonces, Alston ya no será relator y la visita a México dependerá del interés de su sucesor por concretarla. Además, el informe que resulte de esa eventual revisión se daría a conocer cuando Felipe Calderón esté por terminar su gestión en Los Pinos o incluso la haya concluido.
La actual administración, además, ha tardado en definir la visita de la relatora especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, prevista para algún momento del segundo semestre del año.
De acuerdo con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, en su visita la representante de Naciones Unidas deberá revisar la aplicación del fuero militar en casos que involucran a civiles, tema en el que Calderón ha respaldado insistentemente al Ejército, a pesar de que la propia ONU e instancias como la Corte Interamericana de Justicia y organizaciones internacionales han señalado esa práctica judicial como violatoria de las normas internacionales de protección de los derechos humanos.
Pese a las maniobras para diferir esas revisiones, en la primera semana de marzo próximo el gobierno mexicano tendrá que dar un informe ante la ONU, en Nueva York, sobre el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, considerado como uno de los fundamentos del sistema universal de derechos humanos.
El reporte, que México debió presentar desde 2004, permitirá que organizaciones no gubernamentales mexicanas informen también a Naciones Unidas sobre las consecuencias de la estrategia de Calderón contra el narcotráfico, que en tan sólo tres años ha dejado más de 15 mil muertos y una sistemática aplicación del fuero militar a civiles.
Lo que el gobierno de Calderón sí pudo sortear fue la incomodidad que representaba la presencia de Alston. En entrevista telefónica realizada el martes 12, el relator dice a Proceso desde Nueva York que hace más de un año le solicitó al gobierno mexicano que le extendiera una invitación para venir al país.
Después de darle largas, a través de la representación de México ante los organismos de derechos humanos de la ONU en Ginebra, el gobierno le sugirió que la visita podría tener lugar en 2011, “lo cual es después de que termine mi nombramiento como relator especial”, explica Alston.
Él, en efecto, dejará el cargo en agosto próximo, por lo que se verá impedido de viajar a México en esa condición, a pesar de que desde 2008 expresó su interés en recorrer parte del país ante la violencia que ha dejado miles de ejecuciones y en las que están involucradas fuerzas federales.
Los representantes del gobierno mexicano “simplemente han dicho que están muy ocupados en este momento” para una visita de la relatoría especial, señala Alston, quien también es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Las prioridades del gobierno
El argumento de las autoridades mexicanas para posponer la visita de Philip Alston es que deben entregar varios informes a la ONU en distintas materias. A pesar de que éstos son rutinarios, también dijo que antes de la presencia del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales están programadas otras visitas tanto de la ONU como de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En un comunicado del 30 de octubre de 2009, el gobierno de Calderón dejó muy claro el rechazo al relator: “Es el deseo del gobierno de México trabajar con el nuevo relator que sustituirá al señor Alston en
Con más de dos décadas de nombramientos como representante de Naciones Unidas para temas de derechos humanos, Alston es muy cauto cuando se le pregunta por los motivos del gobierno mexicano para impedir su visita; aunque no deja de expresar su decepción.
“El principio en la ONU es que sean los propios gobiernos los que deciden cuándo aceptan las visitas y tengo que respetar ese principio. Pero, por supuesto, estoy decepcionado porque creo que hay muchos temas que puede ser útil que sean examinados por el relator especial.”
La negativa del gobierno calderonista contrasta con lo ocurrido en Colombia, donde al igual que en México la represión a narcotraficantes ha derivado en ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
“Estuve en Colombia en 2009 y me reuní con todos los funcionarios de alto nivel, incluido el presidente (Álvaro Uribe), el ejército y la policía nacional. Me encontré también con varias víctimas, familiares de las víctimas y grupos de la sociedad civil que están preocupados por los asesinatos que ocurren en el país”. Alston, incluso, ya dio a conocer un reporte preliminar de esa visita.
En América Latina, durante 2009 también estuvo en Brasil y en Guatemala. En África, en la República del Congo y en Kenia. Antes, en Asia, hizo visitas a Filipinas y Sri Lanka.
En el caso de México, “sólo sé lo que he leído en los reportes de prensa, pero no conozco la historia por dentro. Por eso solicité la entrevista desde hace ya tiempo y recientemente insistí. La primera vez que la pedí fue hace más de un año”.
Explica: “La práctica general para estas visitas es comunicarse por escrito a través de canales diplomáticos. Desafortunadamente no hay discusiones en vivo. El intercambio es dentro de la ONU, en Ginebra. Por supuesto busqué una reunión, pero no obtuve respuesta. Sólo tuve una explicación diplomática de que no era el momento adecuado”.
Asegura que cuando solicitó la entrevista no le dio ningún detalle al gobierno mexicano sobre los temas que trataría. “Cuando hay problemas de seguridad en determinados países y se recibe una invitación para visitarlos, comienzo a ver muy de cerca la situación y en ese momento identifico temas que previamente no había considerado. Por eso nunca adelantamos ninguna agenda detallada al gobierno”.
Sobre la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en el país, Alston señala: “No puedo estar prejuiciado, pero debo decir que estoy consciente de que mucha gente ha sido asesinada en México, aunque encuentro que la situación es muy confusa, por eso es muy importante la visita para tratar de entender qué es exactamente lo que está pasando”.
La visita ahora dependerá del interés de su sucesor. “Espero que sea el caso y que la invitación se mantenga y sea exitosa, no como en mi caso”, dice.
El gobierno de Calderón ha impedido, además, que se conozca un informe sobre la tortura en México, elaborado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas tras una visita de esa instancia a México, en septiembre de 2008, y entregado el año pasado al gobierno.
Ocultamientos
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) solicitó el informe de la ONU a través de la Ley de Transparencia, pero la SRE –a través de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia– no sólo rechazó la petición, sino que reservó la información por 12 años. Su argumento fue que con la difusión se “menoscabarían las relaciones internacionales” porque la ONU entregó el reporte con carácter confidencial.
De esa manera, el gobierno mexicano no sólo determinó que el informe no se conozca en México hasta 2021, sino que al mismo tiempo ató de manos a la ONU, pues el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que el subcomité sólo puede dar a conocer el informe, junto con las observaciones del Estado involucrado, si éste pide que lo haga.
La SRE, que ha operado estos obstáculos, también colocó en controversia la visita de la relatora especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.
En momentos en que el gobierno de Calderón frustraba la visita de Alston, el 30 de octubre del año pasado, la secretaría anunció la visita de la relatora. La invitación la había hecho pública el gobierno mexicano el año pasado, en Ginebra, durante el Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido el país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Pero cuando la SRE hizo el anuncio, en la oficina de la relatora aún no había una invitación oficial, según constató el Centro Prodh. Hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sido notificada.
Consultada sobre la invitación, la oficina de la relatora en Ginebra informó el miércoles
“La relatora especial ha indicado que le gustaría conducir la misión durante el segundo semestre de 2010; las fechas exactas aún están por acordarse”, respondió Pasipau Wadonda-Chirwa, funcionaria de la División de Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.
Indicó que, como parte de su mandato, la relatora podrá hacer recomendaciones no sólo sobre la independencia de los jueces y protección de los abogados, sino las modificaciones que se le pueden hacer al sistema judicial para garantizar la protección de los derechos humanos.
Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, explica que además del sistema de procuración y administración de justicia, la visita tiene que ver con el debido proceso judicial y la aplicación del fuero militar en casos que involucran a civiles.
De concretarse esa misión, será la segunda vez que esa relatoría especial esté en el país, luego de la visita hecha en 2001.
El caso de las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales en México tampoco es nuevo para la ONU. En julio de 1999, la entonces relatora para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asma Jahangir, hizo la primera visita al país en el contexto de las matanzas de Acteal y El Bosque –en Chiapas– y Aguas Blancas y El Charco –en Guerrero–, además de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La relatora hizo nueve recomendaciones al gobierno mexicano, entre ellas la desmilitarización de la sociedad, evitar que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de las funciones de seguridad pública, reformar la legislación para que los tribunales civiles juzgaran a los acusados de violaciones a los derechos humanos –incluidos militares– y proteger la vida de los defensores de derechos humanos y los periodistas.
Una década después de las recomendaciones de la relatoría, esos problemas se han agudizado, sobre todo a partir de la declaración de guerra de Calderón a los narcotraficantes.
La lógica de Gómez Mont
Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, dice que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales el Estado mexicano ha claudicado, pues no investiga porque da por hecho que se trata de ajustes de cuentas entre narcotraficantes.
“Esto alienta la impunidad y la comisión de nuevos delitos, pero también hace imposible saber si se trató de acciones de la delincuencia organizada o de las fuerzas federales”, explica el activista social.
Y asegura que la presencia de los dos relatores de la ONU es crucial sobre todo para quienes han sido víctimas de las agresiones del Ejército, pues sus casos están en manos de la justicia militar.
Ante las dilaciones oficiales para la visita de Alston, organizaciones no gubernamentales pidieron al gobierno de Calderón que cumpliera lo ofrecido por México a la ONU en 2001 para que todos los mecanismos internacionales y relatores de derechos humanos visitaran el país.
El Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” hicieron ver que durante 2009, además de ser uno de los años más difíciles en derechos humanos en el país, no hubo ninguna visita oficial de ningún relator para trabajar sobre esa situación.
Tan sólo en febrero del año pasado, por ejemplo, ocurrió la desaparición y ejecución de los defensores de derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Guerrero. En 2007 fue asesinado Ricardo Murillo Monge, del Frente Cívico Sinaloense. Además, de acuerdo con el Comité Internacional de Protección a Periodistas, con sede en Nueva York, el año pasado dos comunicadores fueron asesinados con motivo de su trabajo y seis más por causas aún no confirmadas.
En la primera semana de 2010, la defensora de derechos humanos Josefina Reyes fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que un periodista fue secuestrado y desaparecido en Los Mochis, Sinaloa, y otro más asesinado en Saltillo, Coahuila.
De acuerdo con esas organizaciones mexicanas, a partir de la puesta en marcha de los operativos militarizados de seguridad pública por el actual gobierno federal se han denunciado casos de ejecuciones de civiles cometidos por militares en distintas partes del país.
Entre ellos, el de una familia, en La Joya, y de cuatro jóvenes, en Badiraguato, ambos en Sinaloa; además de los ocurridos en Camargo, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Ante las imparables quejas de violaciones a los derechos humanos atribuidas a agentes del Estado mexicano en la estrategia contra el narcotráfico, el jueves 7, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hizo una defensa más de los efectivos federales que participan en los operativos contra el narcotráfico.
En una reunión con cónsules y embajadores de México en el exterior, el funcionario señaló: en el gobierno no “vamos a ser ingenuos para darle cauce institucional a aquellas acusaciones que no tengan sustento y sólo puedan debilitar la autoridad moral de las fuerzas de seguridad”.
Gómez Mont aseguró que las Fuerzas Armadas están bajo tensión y que hay denuncias que sólo buscan el desprestigio y el debilitamiento de las instituciones involucradas en el combate al narcotráfico.
El secretario de Gobernación ha sido el encargado de salir en defensa de las fuerzas federales –en especial del Ejército– tanto en México como en el exterior. En junio del año pasado dio a conocer el rechazo del gobierno de Calderón de tres recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le hizo como parte del Examen Periódico Universal (EPU), al que fue sometido el país.
Una de ellas tiene que ver con el fuero militar aplicado a civiles. Las otras dos se refieren al arraigo y a la reapertura de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, cuyo cierre al inicio de este gobierno dejó en la impunidad cientos de casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas principalmente entre los años sesenta y setenta.
Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, sostiene que el Estado mexicano ha utilizado los foros internacionales para defender y legitimar su actuación y omisiones en materia de derechos humanos. Pero eso, dice, no se ha traducido en avances; más bien lo contrario.
" Don Regino" y los frutos del SAQUEO
Alejandro Gutiérrez
La primera noche del año, Regino Díaz Redondo le presumió a los televidentes españoles su fastuosa residencia en una de las zonas más caras de Madrid. En ella se advierten los frutos del saqueo –o por lo menos una parte de ellos– al que él y su grupo sometieron a la cooperativa Excélsior durante la prolongada etapa en la que se desempeñó, espuriamente, como director general. Durante el programa de la televisora española La Cuatro, nada se dijo del golpe gubernamental contra el periódico que lo llevó a la dirección en 1976. Tampoco se mencionaron los cargos de corrupción y administración fraudulenta con que fue expulsado de la cooperativa en el año 2000.
MADRID.– “Don Regino Díaz Redondo disfruta de la jubilación junto a su mujer en esta finca de 10 mil metros cuadrados”, dice una voz en off cuando empieza el programa Callejeros, de la televisora española La Cuatro, del Grupo Prisa, cuyo tema en esta ocasión es la vida cotidiana en uno de los barrios más exclusivos no sólo de Madrid, sino de toda España.
La vivienda “parece más grande, pero no lo es”, comenta la esposa de Díaz Redondo, la pintora cubana Ana Dora Queral Quesada, al tiempo que muestra a la reportera los salones, las estancias y algunos rincones de la residencia.
La pareja sonríe al darle la bienvenida a la reportera. Díaz Redondo viste pantalón salmón, camisa rojo ladrillo con cuello negro, saco y lentes con armazón del mismo color. Al concluir la visita del equipo de televisión, “don Regino” aparece nuevamente a cuadro para despedirlo desde la puerta de su mansión.
Así presumió su mansión madrileña, por primera vez en televisión, quien asumió la presidencia y la dirección general del periódico Excélsior tras la asamblea espuria del 8 de julio de 1976, en la que se expulsó de la dirección al periodista Julio Scherer García. El 20 de octubre de 2000 el propio Díaz Redondo fue expulsado del diario en medio de acusaciones de corrupción y de intentar vender subrepticiamente el periódico.
La transmisión desde la casa de Díaz Redondo es parte del programa que La Cuatro le dedica a La Moraleja, “la urbanización más exclusiva y cara de toda España”, en palabras de uno de los otros entrevistados en ese reportaje, que se difundió la noche del viernes 1 de enero.
Para darle al público una idea sobre quién es su esposo, la señora Queral Quesada lo compara con Pedro J. Ramírez, director del importante periódico español El Mundo.
“Yo soy cubana y viví en México toda mi vida, y me casé con el señor español que vivió en México toda su vida, fue el presidente del periódico Excélsior por muchos años”, dice ella a cuadro antes de que las cámaras recorran la ostentosa finca.
–¿A qué periódico se puede comparar aquí en España? –pregunta la reportera de La Cuatro.
–A El Mundo, a El País… –responde la señora.
–¿Sería como Pedro J. (Ramírez)?
–Pues un poco más…
En noviembre de 2000, este semanario documentó la existencia de la mencionada propiedad de Díaz Redondo en la exclusiva zona madrileña. Todavía estaba en construcción, pero en su cochera ya tenía un lujoso Mercedes Benz (Proceso 1256).
En la misma edición se dio a conocer que Díaz Redondo adquirió en 1997 esta extensión de 10 mil metros cuadrados, situada en la calle Cuesta de la Sierra número 7, distrito de La Moraleja, municipio de Alcobendas. Estos son los datos que constan en el Registro Público de la Propiedad de España con la referencia catastral 5235906VK4855N0001KW.
La finca está registrada con el número 1891, en el tomo 1001, Libro 875, folio 21 y alta 7 del Registro de la Propiedad número 2 de Alcobendas. Está inscrita, en 50% del dominio y con carácter privativo, a nombre de Díaz Redondo, y el resto al de su mujer, con lo cual ella es propietaria directa de la mitad de la propiedad, con independencia del régimen económico matrimonial de la pareja.
Pero para Regino la mansión “no es nada del otro mundo”, como lo señaló en México, el 6 de marzo de 2002, durante la presentación de su libro La gran mentira, ocurrió en Excélsior, el periódico de la vida nacional (Proceso 1323). “La comencé a construir desde hace 10 años con dinero de mi esposa y aún no está terminada. Yo quería retirarme e irme a vivir mis últimos años a España, de donde soy originario”, añadió entonces.
Rodeada de jardines y con un huerto, la finca tiene unos 3 mil metros de construcción, es de estilo moderno y tiene detalles moriscos. Fue construida por los arquitectos españoles Rafael de la Hoz y Ramón Andrada y en el año 2000 tenía un valor de 10 millones de dólares. Tan sólo el terreno valía la mitad (Proceso 1256).
El reportaje televisivo incluye otras mansiones de las mil 500 que abarca La Moraleja. En el fraccionamiento también hay sucursales de las boutiques más exclusivas del mundo y por sus calles circulan vehículos Porsche, Lamborghini y Bentley.
En el templo católico local, las monjas de la orden Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús consideran que La Moraleja es como un “ghetto católico” por “la religiosidad” de sus habitantes.
Multimillonarios empresarios, artistas famosos como Plácido Domingo, Rocío Jurado y Lola Flores, estrellas del futbol como Lassana Diarra y David Beckham, viven o han vivido en La Moraleja, donde cada residencia tiene un costo de entre 5 y 10 millones de euros.
Autoalabanzas
La actividad de Regino Díaz Redondo en España es más bien discreta. Según alguien que lo conoce, su círculo de amigos es reducido y ocasionalmente recibe visitas de México.
En años recientes ha asistido a reuniones con empresarios y profesionistas que organizaba la ahora extinta Casa de Veracruz en la calle Alcalá 79, propiedad del empresario español José Gárate Murillo, presidente de Castilnovo –sede de la Asociación Cultural Hispano-Mexicana– y cercano al exgobernador veracruzano Miguel Alemán Velasco.
El pasado lunes 11, en el blog La Hora Cósmica y en el diario mexicano La Jornada se insertó un aviso titulado “Invade el alzheimer a embusteros y mitómanos”, en el que se da a conocer que Díaz Redondo presuntamente abrió su sitio web (http://www.reginodiazredondo.com).
En esa página, su presunto autor se presenta: “Regino Díaz Redondo, periodista durante 50 años, Presidente y Director General del diario Excélsior de México durante 24 años y cuatro meses. He sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Gobierno de la República (…) El jurado estuvo integrado, entre otros intelectuales, por Elena Poniatowska y Fernando Benítez.
“Soy el único periodista mexicano que tuvo la suerte de cubrir los acontecimientos de mayo de 1968 en París y de las primeras conferencias de paz entre delegados estadunidences (sic) y vietnamitas que se realizaron ese mismo año en el Hotel Crillon, en la Plaza de la Concordia de la capital francesa. Amén de algunos éxitos más que no describo para no cansar.”
Sostiene que “la intención de abrir estas paginas (sic)” es comentar los acontecimientos de “mayor actualidad” y “juzgar con un criterio equilibrado”. “Igualmente para señalar algunos encuentros con colegas de otros diarios, siempre desde la altura de la ética y de la verdad durante medio siglo (sic)”.
Díaz Redondo dice residir en el Distrito Federal y en Madrid. Sobre su perfil profesional, dice haber sido el “creador del primer Instituto Nacional de Encuestas, que se fundó en México y del que se derivaron la multitud de sondeos que ahora se hacen”.
Nada dice de las acusaciones de corrupción, incumplimientos fiscales y daño al patrimonio de la cooperativa de Excélsior que se hicieron contra él y otros directivos del periódico bajo su mandato.
Tras la expulsión de Díaz Redondo en octubre de 2000, la nueva directiva de Excélsior presentó tres demandas contra él ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por los delitos de administración fraudulenta, tentativa de fraude y falsedad de declaraciones ante una autoridad distinta de la judicial (Proceso 1288).
Los denunciantes consideraron que el daño patrimonial a la cooperativa ascendía a varios “cientos de millones de pesos” y pidieron a las autoridades que investigaran “la ilegal escrituración de casas, automóviles y diversas cantidades de dinero, así como la entrega irregular de un terreno ubicado en el Distrito Federal, de 14 mil
Jorge Castillero del Saz, quien fue tesorero, director de TV Producciones Excélsior, asesor del gerente Hero Rodríguez Toro y presidente de la asamblea en la que Scherer García fue arbitrariamente expulsado de la dirección general, también acusó a Díaz Redondo de apoderarse de recursos del fideicomiso Paseos de Taxqueña, propiedad de la cooperativa, junto con Guillermo González Martínez (Proceso 1522).
En marzo de 2003 este semanario publicó la demanda penal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició en contra de Díaz Redondo porque omitió el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un total de 6 millones 572 mil 397 pesos, con lo que “causó un daño al patrimonio de la nación” (Proceso 1323).
Según esa denuncia, el entonces director de Excélsior y su gerente general, Juventino Olivera López, “omitieron, con el uso de engaños, el pago del IVA” en el ejercicio fiscal 1997.
Una casa grande grande
Después de recorrer las cafeterías o terrazas donde las mujeres de La Moraleja toman el café o el aperitivo, los gimnasios donde se ejercitan y algunas boutiques, el equipo del programa Callejeros entra en una tienda de productos gourmet, vinos y delicatessen.
El propietario les muestra los caldos que ofrece a los habitantes del fraccionamiento, como el Petrus, de la región Pomerol, en Burdeos, que es uno de los más caros del mundo –una botella cuesta 2 mil euros– y el Mastinell Brut Real, “que se sirvió en la boda de la infanta Cristina”. También hay vinos españoles de mil 200 euros y latas de medio kilo de caviar Caspian Pearl que cuestan 8 mil euros.
El encargado de la tienda lleva “un pedido muy especial” y el equipo de La Cuatro lo acompaña. El cliente resulta ser Díaz Redondo. Aunque el paquete se le entrega sin que se vea qué productos contiene.
“La mujer se encarga de la casa y el hombre, entre comillas, es el chico para cosas”, dice el tendero a la reportera mientras su vehículo cruza la puerta eléctrica de la residencia. Con un paneo, la cámara recorre el acceso empedrado de unos
La enorme fachada es de cantera laminada color salmón. En la entrada principal de la residencia, columnas y semiarcos estilo árabe sostienen un toldo bajo el cual permanece estacionada una camioneta Suburban negra. Al fondo de la fachada hay otro pórtico con dos columnas y techo a dos aguas, coronado por un vitral en forma de estrella. “Queríamos una casa moderna con toques árabes –dice la esposa de Díaz Redondo–. La mayoría de los cuadros –en el recibidor– están pintados por mí”.
Enseguida la señora y el equipo de televisión cruzan el vestíbulo y entran a una amplia sala con enormes ventanales. Después van a la piscina techada:
“La uso porque necesito nadar por prescripción médica –dice la señora Queral–. Yo me levanto, nado y después doy órdenes. Órdenes de hacer esto y aquello, porque hay que cuidar la casa. Aunque tengas todo el dinero del mundo y tengas todas las tierras del mundo y sepas todo, si no tienes amor, de nada sirve.”
Cuando llegan al comedor para 14 personas, la reportera manifiesta sorpresa, pero la esposa de Díaz Redondo comenta nuevamente: “Parece muy grande, pero no lo es. En algún momento nos decíamos: ¿por qué no lo hicimos más grande?”.
La señora conduce al equipo de televisión a “la segunda parte de la casa”, como la llama: una lujosa área con patio morisco, en cuyo centro hay un estanque guarnecido de mármol y mosaicos de colores, así como una fuente. Una claraboya corona la parte alta e ilumina naturalmente la parte central de la mansión. Alrededor hay varios salones.
Esta ala de la casa es donde la pareja se reúne con sus hijos e invitados. En uno de los salones contiguos hay un comedor tradicional, con mobiliario de madera para cuatro personas, “donde comemos cuando estamos solos”, informa Queral Quesada.
Tras visitar la cocina y otros salones, las cámaras suben a un enorme espacio que sirve como estudio para la pintora, quien asegura que ha creado un cuadro referente a cada uno de los capítulos de Don Quijote.
Aunque no aparece en el programa de La Cuatro, la mansión cuenta con un elevador que lleva hasta la cochera, como publicó Proceso en el año 2000.
El recorrido de la televisora sigue por los jardines y el huerto, que abarcan alrededor de 7 mil metros cuadrados, de acuerdo a la descripción que este semanario consiguió aquel año.
“Yo cada vez he vivido en una casa más grande, más grande, más grande, más grande y más grande –dice la mujer de Díaz Redondo, frase que se repetía en los promocionales del programa en la cadena de televisión–. Es que a mí, si me meten en un espacio pequeño, no se qué haría, yo creo que sería mi féretro, ¿no?”
Finalmente se lleva al equipo televisivo por un pasaje empedrado en los jardines posteriores de la mansión y explica: “Yo no tengo que salir a la calle, yo vengo aquí a mi calle”.
–¿O sea que se puede ser rico y ser feliz? –interviene la reportera.
–Mira, yo toda la vida he sido rica, o sea que no sé… Estoy acostumbrada a eso.
El Haití de Papa Doc
Julio Scherer García
En 1964, siete años después de llegar al poder en Haití, François Duvalier, Papa Doc, se autoproclamó presidente vitalicio y, avalado por una Asamblea Nacional compuesta por diputados que él mismo nombró, consolidó su reinado de terror hasta su muerte, en 1971. Heredó el trono a su hijo Jean Claude, quien lo abandonó en 1986, expulsado por el pueblo, agotada ya la dinastía duvalierista. En marzo de 1967, Julio Scherer García viajó a Puerto Príncipe como
enviado del diario Excélsior para entrevistar a ese líder que decía sacrificarse por su pueblo. Proceso reproduce partes sustantivas de aquel texto, en el que el autor reflejó el contraste entre
el discurso megalomaniaco y la pobreza en que sumió al pueblo que decía defender y que hoy sobrevive inmerso en la tragedia.
PUERTO PRÍNCIPE.– Rodeado de miseria en una de las bahías más hermosas del Caribe, el único presidente vitalicio del continente, François Duvalier, declaró esta tarde que los Estados Unidos deben evitar los errores de los antiguos romanos y tener en cuenta a los pueblos que los rodean para no exponerse al mismo final del imperio.
Guía espiritual de la república haitiana por decisión de la asamblea legislativa, apóstol y líder por tiempo ilimitado, habló para Excélsior en términos que aún para Iberoamérica resultan difícilmente comprensibles. No hay en Haití asunto importante del que no se encargue su augusta persona. En el proceso revolucionario “tiene derecho a existir”, se debe a que él es el proceso revolucionario, y si aceptó la presidencia vitalicia es necesario ver que a esta decisión lo condujo la “decisión inquebrantable” de su pueblo.
Fueron rotundas las preguntas y respuestas que se sucedieron en el despacho presidencial, presente el secretario y el subsecretario de Relaciones Exteriores y vuelto estatua el subjefe del protocolo, todos vestidos de negro en un día de sol radiante y 30 grados centígrados de temperatura.
He aquí una parte del diálogo con el Jefe de Gobierno:
–¿Qué entiende usted por democracia?
–Cada civilización o cada pueblo tiene su manera de concebir la democracia, en función de sus costumbres y tradiciones. La democracia haitiana no es la democracia alemana ni la democracia italiana ni la democracia de los Estados Unidos. En Haití tenemos nuestras fórmulas peculiares, como las tienen los países que creen y practican la democracia. Yo soy (el) octavo presidente vitalicio y el gran sueño de mi vida es fundar “La Nueva Haití”.
–¿Por qué es Haití uno de los pueblos más atrasados del continente?
–¿Por qué la masa india de América del Sur y de América Central –pregunta a su vez el presidente–, se encuentra en un estado tan cercano a la barbarie? ¿Sabía usted que en el Amazonas hay tribus que confunden a los aviones con gigantescos pájaros plateados y en cuanto los ven les disparan sus flechas envenenadas?
–¿Por qué no es usted emperador, como se lo han pedido varias veces?
–Porque hay una Asamblea Legislativa y la división de poderes propia del estado moderno.
–¿Entonces no existe en Haití el mando universal, a pesar de que usted es “líder indiscutible de la revolución, apóstol de la unidad nacional, digno heredero de la nación haitiana, renovador de la patria, jefe de la comunidad nacional por tiempo ilimitado y presidente vitalicio, según rezan los artículos 1969/197 de la constitución Haitiana?
–“Por supuesto que no”.
(…)
La epopeya haitiana
–¿Es usted hombre de derecha, de izquierda o del centro?
–Si tenemos que considerar mis discursos y mensajes, los libros que yo he escrito desde 1925, es muy fácil definir las características de mi personalidad. He repetido siempre que mi doctrina se encuentra en las páginas de la historia nacional. Esas páginas son suficientemente elocuentes, puesto que nosotros hemos hecho una bella historia, una de las más emocionantes del mundo.
“Me refiero a la epopeya haitiana, a la trasplantación de una raza de hombres de un continente a otro, lo que nunca antes había ocurrido. Ese grupo transplantado de África a América en las peores condiciones biológicas, pudo realizar una aventura de la que me enorgullezco. Como usted sabe, culminó en 1804, cuando Haití conquistó su independencia.
“Yo me quedo con la línea de los próceres, con los fundadores de la patria. A esa línea pertenezco, no sólo como doctrinario, sino como hombre de Estado. Es por esto que no creo indicado que pudiera decir si soy de la derecha, de la izquierda o del centro, puesto que nuestra colectividad preexistió a las doctrinas de estos tiempos”.
(…)
Las persianas cerradas como si la noche hubiera descendido sobre la ciudad, impiden que la luz entre a raudales en la oficina presidencial. El ambiente tiene algo de opresivo entre estas cuatro paredes donde François Duvalier se hace oír como un oráculo por sus consejeros en relaciones exteriores. Los trajes negros, las gruesas sombras, los rostros oscuros, tensos, y sólo de vez en cuando los labios de “Papa Doc” que se distienden sin que por ello se afloje la rigidez del rostro, hacen viva una sensación de incomodidad que va en aumento.
A doscientos metros, las casuchas más increíbles se alinean en el muelle. Es difícil imaginar un mayor grado de miseria. Cuando a orillas del mar hombres y mujeres han de lavar sus harapos y aun sus manos y brazos en el agua estancada de las callejuelas –un agua verde esmeralda, casi sólida– se ha llegado a un extremo.
Los mendigos forman enjambres. Las miradas inexpresivas, los cuerpos lánguidos, indolentes, confirman el cántico que acompaña al visitante desde el momento en que llega a Puerto Príncipe: “Déme algo… no he comido… Llevo dos días”.
Ese es el pueblo. En los patios de Palacio Nacional, tres tanques son visibles para todos. Y para los moradores del edificio, ametralladoras en pie disfrazadas entre la hierba y mal cubiertas por gruesas lonas de tela verde… La presidencia vitalicia y el PRI.
–¿No le inquieta el hecho de que prácticamente todas las naciones se inclinen por el cambio periódico de sus mandatarios y eviten el ejercicio del mando por tiempo indefinido?
–(…) Yo había dicho después de las elecciones de 1957 que hacía el sacrificio de mi vida a la nación. Yo no soy solamente presidente de la república, sino un líder que se sacrifica por su pueblo, un hombre que trabaja sin descanso hasta las tres de la madrugada. Yo no llegué a este puesto como político, sino como un intelectual con los libros y sus escritos bajo el brazo.
Ese intelectual, sabe lo que hace, porque es un doctrinario. Del mismo modo que Franklin D. Roosevelt se quedó en el poder por mandato del pueblo norteamericano y habría seguido en él de no haber mediado su muerte, el doctor Duvalier se mantiene en el cargo.
Alabanzas y vituperios a Duvalier
Un documento asombroso en sus términos constituye el articulado de la Constitución haitiana, que consagra al doctor François Duvalier presidente vitalicio y hace de él un hombre que empequeñece a cualquier gobernante.
Afirma que ha creado la paz, garantizado el orden, redimido a los campesinos, alfabetizado a las masas, llevado luz y bienestar a los humildes, etcétera.
Pero entre la loa sin freno y la acusación sin límite no media sino una corta distancia, como lo confirma la denuncia que de su régimen ha hecho, en nueva instancia, la Comisión Internacional de Juristas.
Es absolutamente falso –dice–, que “el gobierno del presidente Duvalier haya llevado a cabo las realizaciones que se le atribuyen, pues hoy más que nunca Haití está sumido en la miseria, la ignorancia y la injusticia social”.
Por si no bastara, agrega:
“Haití es país miembro de la Organización de Estados Americanos, entre cuyos principios fundamentales figura el origen representativo de los gobiernos y la renovación periódica de sus titulares. Si bien hay que reconocer que dichos principios han sido violados con harta frecuencia en el Continente Americano, es la primera vez en su historia que se sienta el precedente de la consagración constitucional, expresa, de violar esos principios.
La alabanza y la condena alrededor del médico rural de 58 años se trenzan de esta manera:
Si la Constitución haitiana habla de orden, la Comisión de Juristas habla de masacres. Si la Constitución señala que hay paz, la Comisión sostiene que la seguridad pública depende de decisiones arbitrarias.
Si la Constitución dice que hay tutelaje para las masas trabajadoras, la Comisión denuncia ejecuciones sumarias de campesinos.
Los juristas dicen en su estudio, terminado el año pasado y naturalmente desconocido en Haití:
“Las masacres en el pueblo de Jeremie y en el municipio de Grand-Gosier, donde familias enteras fueron eliminadas como represalia a la entrada subrepticia de un puñado de insurgentes en agosto de 1964. Las constantes exaccciones perpetradas por la policía personal del presidente en todo el territorio; las ejecuciones sumarias a campesinos en las comarcas de Saltrou, Grand-Gosier, Anse-a-Pitre, la detención de todas las personas entre 17 y 25 años en Jacmel, como consecuencia de otro movimiento de insurgentes a mediados de 1964, y tantos otros hechos que atentan directamente contra la libertad y la dignidad de los ciudadanos, son muestras de las siniestras actividades de los ‘tontonts macoutes’, policía política secreta, gracias a los cuales la seguridad de los haitianos depende de las decisiones arbitrarias del doctor Duvalier.
(…)
Duvalier y la divinidad
Frente a la Comisión Internacional de Juristas se yergue la asamblea legislativa de Haití. No hay mejor hombre que Duvalier ni puede concebirse gobernante más completo.
El increíble documento en el que la Constitución consagra al presidente elogios sin medida es, en sí mismo, un retrato de la situación política haitiana. Helo aquí en su artículo 196:
“… Por haber provocado por primera vez desde 1804 una toma de conciencia nacional a través de un cambio radical desde el punto de vista económico, social, cultural, religioso y político en Haití, el ciudadano François Duvalier, Jefe Supremo de la Nación, es elegido presidente vitalicio con el fin de asegurar las conquistas y la permanencia de la revolución duvalierista bajo el estandarte de la unidad nacional”.
En cuanto al artículo 197, dice:
“Por haber:
“A través de una oportuna reorganización de las fuerzas armadas, asegurado el orden y la paz, gravemente amenazados después de los trágicos sucesos de 1957 (cuando se produjo un levantamiento).
“Hecho posible y realizado la reconciliación de las facciones políticas violentamente opuestas con motivo de la caída del régimen de 1950.
“Sentado las bases de la prosperidad nacional por medio de la promoción de la agricultura y la industrialización progresiva del país, facilitadas por el establecimiento de grandes obras y trabajos de infraestructura.
(…) El ciudadano doctor François Duvalier, elegido presidente de la República, ejercerá vitaliciamente sus altas funciones, siguiendo las disposiciones del artículo 92 de la presente constitución…
Negligencia y maltrato en la hemodiálisis subrogada
Jesusa Cervantes
Tras una licitación llena de sospechas y de la que varias empresas se retiraron, bajo la dirección de Juan Molinar Horcasitas el IMSS subrogó el servicio de hemodiálisis a la empresa Corphomed y al Centro de Diagnóstico Ángeles, propiedad de Olegario Vázquez Raña. Pero, además del cuestionado procedimiento, los pacientes de insuficiencia renal denuncian que esa clínica ofrece una “ilegal, deficiente, negligente e inhumana prestación de servicios”.
Con el respaldo de Juan Molinar Horcasitas, entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el empresario Olegario Vázquez Raña –junto con la empresa Corphomed– logró adjudicarse un contrato de 3 mil millones de pesos por tres años por los servicios subrogados de hemodiálisis.
Sin embargo, la falta de personal capacitado e instalaciones adecuadas ha provocado serios trastornos físicos a enfermos con deficiencia renal, quienes cada tercer día “se juegan la vida” acudiendo de manera obligada y “bajo amenaza” al Centro de Atención Ángeles.
En tanto, tres de las empresas inconformes con todo el proceso de licitación, Fresenius Medical Care (corporativo alemán y líder mundial en este tipo de tratamientos que desde hace una década prestaba el servicio de manera subrogada al IMSS), MK Humana y Care Centro de Atención Renal, acudieron a las autoridades judiciales y administrativas e interpusieron dos juicios de nulidad y un amparo para echar abajo la licitación que consideran ilegal de origen.
El asunto amenaza con rebasar las fronteras pues, de no resolverse en los próximos tres meses, Fresenius podría interponer una denuncia ante la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París, e incluso retirar su inversión en México, que a la fecha asciende a cuando menos 250 millones de dólares, según una fuente de la empresa que pidió el anonimato.
Pero más allá de las consecuencias internacionales, lo que está en riesgo es la vida de los propios enfermos, obligados a atenderse cada tercer día en las clínicas de Olegario Vázquez Raña, los cuales han sufrido paros cardiorrespiratorios, desmayos, desangrados parciales, hematomas de considerable proporción y, por si fuera poco, la constante amenaza de ser infectados por el virus del VIH o de hepatitis.
Licitación ilegal
La historia se inició en marzo de 2008, cuando el IMSS lanzó la primera licitación para subrogar los servicios de hemodiálisis en el estado de Morelos. En esa ocasión las empresas participantes se inconformaron porque las bases violentaban el principio de igualdad. En consecuencia, la licitación se canceló y se repuso en octubre del mismo año con otra, que tuvo alcance nacional, pero con las mismas bases.
Pese a que nuevamente los participantes reclamaron, la licitación número 0064 1321-007-08 siguió su curso. La empresa ganadora fue Corphomed, pero ahora fue el Centro de Diagnóstico Ángeles (CDA), del empresario Olegario Vázquez Raña, el que se inconformó. Tras un breve proceso, las autoridades fallaron a su favor.
Así, el mercado se dividió entre Corphomed y CDA, que atienden a 80% de los pacientes afiliados al IMSS que requieren hemodiálisis en todo el país. Sin embargo, la empresa de Vázquez Raña se quedó con la mayor parte de los casos, concentrados en la zona norte y sur del Distrito Federal. Le correspondió a Corphomed la zona oriente y poniente de la capital, además de una parte del Estado de México, Morelos y Querétaro.
En el resto del país, la atención al restante 20% de los enfermos fue otorgada a otras empresas, que hasta el momento no han tenido contratiempos ni reclamos de los enfermos.
El 1 de abril de 2009, día del fallo final, 10 de las empresas participantes se retiraron del concurso, no sin antes denunciar por escrito que no podían participar porque las estaban obligando a cometer ilegalidades, a violentar la norma, y además no existía igualdad de condiciones. Otras 16 empresas ni siquiera se presentaron al fallo. Así, los únicos concursantes fueron Corphomed y CDA de Vázquez Raña.
El IMSS declaró “infundadas” las reclamaciones de 10 empresas el 31 de marzo de 2009, justo un día antes de que fallara en favor de CDA y repartiera el servicio con Corphomed. Sin embargo, las empresas MK Humana, Fresenius y Care, Centro de Atención Renal interpusieron un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Care se fue a juicio de amparo ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa. Los tres litigios están en curso.
Esos juicios son largos y pueden tardar en resolverse hasta dos años, pero la apuesta de las empresas querellantes es que venza el plazo para que Corphomed y CDA tengan listas sus instalaciones el 1 de marzo de 2010, como están obligadas por el contrato firmado en octubre de 2009.
Daños y deficiencias
El 28 de diciembre, algunos miembros de la Asociación para Prevenir las Enfermedades Renales Terminales, A.C., acompañados de la nefróloga Cruz Netza Cardoso, visitaron el Centro de Diagnóstico Ángeles, ubicado en calzada Las Bombas, en Villa Coapa, al sur de la Ciudad de México, para verificar si contaba con todas las normas. El dictamen de la especialista en nefrología-bioética fue negativo: las enfermeras eran de tipo general y no especialistas, amén de que las instalaciones, el equipo y la higiene del lugar no reunían los requisitos mínimos que marcan las normas de salud para este tipo de casos.
En una carta enviada el martes 12 al director del IMSS, Daniel Karam Toumeh, los afectados agrupados en esa asociación relatan que a partir del 1 de enero los funcionarios del IMSS los obligaron a acudir a las instalaciones de Vázquez Raña a sus sesiones de hemodiálisis, “de lo contrario nos amenazaban con quitarnos nuestro derecho a ser atendidos como enfermos nefrópatas y todos los demás servicios del IMSS”.
Los denunciantes exponen 32 faltas a las normas que los ponen en riesgo, hacen responsable a Karam Toumeh en caso de perder la vida y le dan un plazo de hasta el lunes 18 para cancelar los contratos con CDA, o de lo contrario presentarán una demanda penal en su contra por omisión, y otra más contra las clínicas de Vázquez Raña.
Entre las principales deficiencias que han vivido los enfermos con el servicio que presta el Centro de Diagnóstico Ángeles destaca que el IMSS le permite reutilizar dializadores, lo cual va contra la NOM-171-SSAI/198 y la NOM-197-SSA1/2000 sobre ese tipo de tratamientos.
Lo grave es que los enfermos son conectados a máquinas que fueron utilizadas previamente con otros pacientes portadores de VIH o que padecen hepatitis, según denuncian en su carta a Daniel Karam Toumeh.
Según su propio relato, los enfermos no son atendidos por nefrólogos ni por enfermeras certificadas, sino por internistas y médicos generales. Además, quienes operan las máquinas de hemodiálisis no saben cómo usarlas; a muchos les han dado sólo media hora de tratamiento en lugar de las cuatro horas que se requieren; varios se quejan de que les provocaron hematomas y alergias por falta de pericia, y dicen que quienes los atendieron los obligaron a que ellos mismos se sellaran las fístulas con pedazos de diúrex.
Para colmo, las instalaciones del CDA se encuentran en una zona periférica de la Ciudad de México, lo que obliga a los enfermos a realizar grandes desplazamientos que pueden afectar aún más su salud, lo cual también contraviene las bases de la licitación pública.
En su carta de denuncia, la asociación que encabeza una de las enfermas, Juana González González, le pide al director del IMSS que “rescinda de inmediato” los contratos que celebró con CDA y le advierte que si no cumple con su demanda, la asociación “le hará a usted directamente responsable de los decesos y afectaciones de salud”.
La asociación cuenta con videos y grabaciones en las cuales los propios empleados del CDA aceptan que no cuentan con médicos nefrólogos.
La asociación le anuncia al director del IMSS que “los pacientes nefrópatas estamos dispuestos a denunciar penalmente a todos y cada uno de los involucrados en la ilegal, deficiente, negligente e inhumana prestación de servicios que usted nos ha obligado a tomar en el Centro de Diagnóstico Ángeles, pero adicionalmente, como esas deficiencias se las estamos haciendo saber a usted, consideramos que usted mismo puede y debe hacer las denuncias correspondientes, para lo cual usted podrá contar con el apoyo de esta organización”.
Muertes en Querétaro
Una de las razones por las cuales el CDA de Vázquez Raña ya está dando el servicio, pese a que según el contrato debía contar con instalaciones e iniciar los servicios a partir del 1 de marzo, es que al vencerse el contrato de Fresenius el pasado 31 de diciembre, la directora de Adquisiciones del IMSS, Carmen Zepeda, le solicitó una cotización para dar el servicio durante todo 2010. Ese mismo día, otro de sus subalternos, Agustín Amaya Chávez, le pidió una cotización por enero y febrero. Los documentos fueron entregados tal y como se les solicitó.
Amaya Chávez les dijo a los enfermos que Fresenius nunca les cotizó, por lo que tendrían que atenderse obligadamente en el CDA a partir del 1 de enero.
Ante las afectaciones que han tenido por la deficiente atención, los enfermos enviaron una carta a Fresenius para solicitar que los atienda hasta que no se resuelva el asunto, pues su vida está en peligro. Fresenius aceptó debido a que una de las reglas es que cuando alguien que está en estado grave acude a un centro se le debe atender. Las facturas las está haciendo a nombre de los enfermos pero espera que el IMSS les pague el dinero, según la abogada de la asociación, Laura Trevilla.
Sin embargo, el Centro de Diagnóstico de Vázquez Raña no sólo recibió una licitación a modo, sino que los dos contratos derivados de la licitación –cuya copia tiene Proceso– establecen pagos por hemodiálisis realizadas en 2009 “como garantía mínima”, uno por 25.6 millones de pesos (S90052) y otro por 17 millones (D85183), a pesar de que la licitación establece que iniciaría la prestación de esos servicios a partir del 1 de marzo de 2010.
Los documentos los tienen las tres empresas que iniciaron procesos administrativos contra la licitación y les fueron entregados y certificados por el Instituto Federal de Acceso a la Información.
En el caso de Corphomed, la otra empresa beneficiada con los contratos para prestar servicios subrogados de hemodiálisis, el panorama para los enfermos con deficiencia renal empeora, pues le fue clausurado e inhabilitado uno de sus centros de atención en Querétaro el pasado 5 de enero, luego de la muerte de 33 enfermos de afección renal, aunque el cierre obedeció a que no cumplía con las normas mínimas de protección civil.
Según el portal del IMSS en internet, el cierre se debió a que “la empresa actuó con dolo al presentar documentación apócrifa”. Y aunque fue clausurada, la propia orden de clausura establece que esta misma empresa podrá continuar brindando el servicio en otros centros.
Por si fuera poco, Corphomed ofreció ocho contratos de servicios que firmó con el IMSS como garantía de un crédito por 50 millones de pesos que solicitó al Banco Multiva el 11 de diciembre de 2008. Esta empresa fue embargada en abril de 2009 por Johnson & Johnson Medical de México por un adeudo de 5.8 millones de pesos. Más tarde pidió un préstamo de 30.6 millones de pesos a Factoring Corporativo.
Absurdo cierre de la oficina de México ante la UNESCO
Judith Amador Tello
La idea de no tener más un representante mexicano permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) –que presidió el poeta Jaime Torres Bodet en 1948–, es condenada como un signo más del desdén del gobierno calderonista a esos tres ámbitos de la vida nacional.
Según se publicó en algunos medios, el Ejecutivo federal ordenó el cierre de la oficina externa de la Misión Permanente, localizada en París, que encabezaba el escritor Homero Aridjis, como parte del plan de austeridad, y delegar sus funciones al embajador de México en Francia, Carlos de Icaza González. Con ello se pretendería un ahorro de 206 mil dólares al mes.
La antropóloga Lourdes Arizpe, exdirectora de Cultura del organismo internacional y actual presidenta de la junta de gobierno del Instituto de Naciones Unidas para la Investigación en Desarrollo Social, con sede en Ginebra, Suiza, advierte que al retirar México a su embajador ante la UNESCO quedará en un segundo rango en las negociaciones diplomáticas, considerando además que ningún otro país emergente ha tomado una medida semejante:
“México se aísla de las tendencias internacionales. Y lo más importante es que queda subordinado a los intereses de otros países, sobre todo en esta era global, en este momento en el que los países están teniendo un papel cada vez más activo en la toma de decisiones internacionales, pierde todo un sector de posibilidades de negociación política y bipartita.
“Lo segundo es que puede tener consecuencias sumamente nefastas para el país: En 10 años, México se ha convertido en un país sin ideales. Como no hay proyecto hacia el futuro, el marco internacional es el que puede sostener nuestra participación en el concierto de naciones hacia un futuro conjunto negociado y sustentable. Va a ser muy grave que se haga otra vez evidente que la educación, la ciencia, la cultura, los derechos humanos y la biosustentabilidad quedan relegadas en el espacio público, porque estos son los pilares de la ética pública de todos los países del mundo actualmente.”
Añade:
“Me parece que en especial el vacío de ética pública que se ha creado en los últimos 10 años en México y al que hacía referencia hace poco don Julio Scherer en Proceso, señalando esta pérdida de valores y consecuentemente la degradación política que estamos viviendo sensiblemente, se va a agravar. Ese vacío se llena con la voracidad de intereses puramente económicos y el avance de todas las actividades ilícitas.”
Aunque México no se está saliendo en realidad de la UNESCO sino que traslada las funciones de la Misión Permanente a la embajada en París, Arizpe considera que el trabajo de Icaza como representante de México ante Francia es de “tiempo completo” porque va vinculado a la Unión Europea. Por tanto, “es iluso” pensar que tendrá el tiempo para asistir no sólo a las reuniones regulares del organismo internacional, sino a los encuentros entre embajadores que se dan fuera del ámbito oficial que es “donde realmente se toman las decisiones”. Esto es que “en el campo que incumbe a la UNESCO, México queda fuera del juego. Punto”.
En opinión suya, cerrar la oficina es poner el clavo final al prestigio de México en los campos en los que tenía un indiscutible liderazgo internacional: cultura, museología, conservación arqueológica, arte visual y técnicas de conservación del patrimonio cultural de todo tipo.
Recuerda además que hay cientos de mexicanos involucrados en los programas de la UNESCO, así como distintas instituciones del gobierno, no sólo la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también la de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Se pueden citar también al Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, así como universidades públicas y privadas.
“Pensar que se pueden manejar todos estos programas no teniendo oficina ante la UNESCO es, simplemente, no conocer ni el mundo político internacional ni el mundo actual de la cultura y la ciencia.”
Y manifiesta su deseo de que la sociedad civil, la comunidad científica y el Congreso de la Unión, rechacen esta acción, “que se suma a los ataques a la ciencia y a las universidades públicas”, y obliguen a dar marcha atrás. La razón de la austeridad no le parece válida, pues piensa que se ahorraría bastante con retirar el pago de algunos spots televisivos del gobierno federal.
Sinrazones
Se le pregunta a la antropóloga cuál es la importancia de mantener el vínculo directo con la UNESCO si realmente no pesa en las decisiones internas del país en materia de política pública para cultura, ciencia y educación. Un hecho es, por ejemplo, que México no destina los presupuestos marcados por el organismo en esos campos y no hay un reclamo ni sanción.
“Es muy importante mantener esa relación porque establece la medida de la legitimidad de las acciones gubernamentales. Cuando se hacen recomendaciones es porque se han negociado en profundidad entre 180 países en favor del desarrollo.”
Detalla que hace tiempo México no cumple con las medidas de la UNESCO, al punto de que en el sexenio pasado el gobierno federal pidió el retiro del director de la oficina del organismo, “precisamente por haber hecho saber que no se cumplía en educación en la medida en que México se había comprometido con esa agencia”.
Y concluye:
“Eso es lo que marca la legitimidad de una nación en el concierto de naciones a nivel mundial. Si lo que se quiere es precisamente que los ciudadanos no tengan ninguna medida para saber si las políticas del gobierno se están cumpliendo en relación con lo que las organizaciones mundiales sugieren, entonces veríamos una razón para estrechar y filtrar aún más las acciones ante la UNESCO.”
Carlos Villaseñor, quien se ha desempeñado como asesor externo en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y es integrante del grupo jurídico para la instrumentación de la Carta Cultural Iberoamericana, realizó una breve investigación sobre el gasto en personal que significa la representación mexicana ante el organismo, comparado con algunos consulados en Estados Unidos:
Para la UNESCO se gastan 1 millón 318 mil 584 pesos; en Raleigh, Carolina del Norte, 874,792, y la misma cantidad para Presidio, Texas, y Little Rock, Arkansas; mientras que en Boise, Idaho, se destinan 790,984, lo mismo que para Yuma, Arizona.
Y sobre la acción de México ante la UNESCO, recuerda que es miembro de los consejos Internacional Coordinador del Programa del Hombre y la Biosfera, del Programa Internacional Hidrológico, del Comité Intergubernamental para la Promoción del Retorno de la Propiedad Cultural a su Lugar de Origen o su Restitución en Caso de Apropiación Ilícita, y del Comité de las Oficinas Centrales, todos, salvo este último que concluye este año, finalizan en 2011.
Y agrega que México tiene establecidas 11 cátedras UNESCO, sobre temas como Integración Regional y Universidad, Derechos Humanos, Gestión del Hábitat y Desarrollo Socialmente Sostenible, Nuevas Tecnologías de la Información, Transformaciones Económicas y Sociales Relacionadas con el Problema Internacional de las Drogas, Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Transnacional, Mujer, Liderazgo y Equidad, y el Agua en la Sociedad del Conocimiento.
A su vez el promotor cultural Carlos Lara, militante del Partido Acción Nacional y quien ha señalado la carencia de un proyecto cultural tanto en el partido como en los gobiernos panistas, considera que retirar al representante permanente contradice lo que Felipe Calderón planteó en la campaña política de 2006, así como los propósitos del Programa Nacional de Cultura 2007-2012, en el que se establece como una estrategia:
“Ampliar y optimizar la presencia de México en los organismos multilaterales y regionales, en particular en los temas referentes a protección de patrimonio, diversidad cultural y programas de fortalecimiento a la creación artística.”
Incluso, añade Lara, se ofreció en la campaña convertir a los diplomáticos en “verdaderos promotores de la cultura”, y para él la medida va claramente en sentido contrario.
